A solo un día de anunciado el acuerdo entre el Gobierno y el Partido de la Gente para respaldar la idea de legislar la reforma, comenzaron a surgir cuestionamientos que amenazan con tensionar el escenario político. El pacto incluía beneficios como la devolución de impuestos en productos esenciales y, según versiones iniciales, la mantención de la tasa para pymes.
Sin embargo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó que el acuerdo contemplara beneficios tributarios para pequeñas y medianas empresas, acotándolo a mecanismos de devolución del IVA en gastos vinculados a salud, como medicamentos y pañales.
Las declaraciones generaron una inmediata reacción desde el PDG. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, exigió respetar lo acordado, mientras que la diputada Pamela Jiles advirtió que, de no cumplirse los compromisos, los parlamentarios del partido podrían rechazar la iniciativa.
La situación encendió alertas en el oficialismo, donde reconocen la influencia de Jiles sobre la bancada y el riesgo de que los votos comprometidos se reviertan. Incluso, el líder del partido, Franco Parisi, señaló que el respaldo no está asegurado ni en comisiones ni en la sala.
En Chile Vamos también surgieron incomodidades por el acuerdo, tanto por el costo político de negociar con el PDG como por haber cedido protagonismo en demandas que ya eran parte de conversaciones previas con el Ejecutivo.
A estas tensiones se sumó el malestar del Partido Nacional Libertario, cuyos diputados se marginaron de una votación clave en señal de protesta por no haber sido considerados en las negociaciones.
Desde la oposición, en tanto, se busca capitalizar las diferencias, llamando al PDG a reconsiderar su apoyo al Gobierno. El episodio deja en evidencia la fragilidad de los acuerdos políticos que sostienen la tramitación de la reforma y los riesgos de su avance en el Congreso. (NP-ChatGPT-La Tercera)