El Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender la tramitación de cinco cuadernos de remoción abiertos contra jueces cuestionados por viajar fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. La decisión redujo de 58 a 53 los casos que la Corte Suprema comenzó a revisar este miércoles.

Los procedimientos se originaron luego de que la Contraloría General de la República detectara casos de magistrados que realizaron viajes al extranjero durante períodos en que mantenían licencias médicas vigentes, antecedentes que posteriormente dieron lugar a procesos disciplinarios y eventuales remociones.

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, explicó que originalmente se habían abierto 58 cuadernos de remoción, pero el Tribunal Constitucional comunicó la suspensión de cinco de ellos. En consecuencia, el pleno del máximo tribunal continuará por ahora con la revisión de los otros 53 expedientes, a la espera de lo que resuelva el TC respecto de los casos paralizados.

La revisión comenzó este miércoles y contempla audiencias sucesivas que podrían prolongarse hasta la próxima semana. Durante ellas, los magistrados involucrados podrán ejercer su defensa personalmente o mediante abogados a quienes hayan conferido representación.

Según detalló Sáez, una vez concluidas todas las audiencias programadas, los ministros de la Corte Suprema procederán a votar individualmente cada uno de los casos. De esta manera, no se prevé que existan decisiones definitivas antes de finalizar la revisión del conjunto de expedientes incluidos en esta etapa.

Para cada jornada se contemplan hasta 30 minutos de alegatos por cada parte involucrada, mientras que la exposición de los antecedentes de cada causa podría extenderse entre 10 y 15 minutos. En términos generales, la revisión de cada cuaderno de remoción podría tomar entre 40 minutos y una hora.

Las partes también tienen la posibilidad de solicitar la suspensión de la vista de una determinada causa. En ese escenario, el expediente será trasladado al final de la tabla para su posterior revisión. Las audiencias tienen carácter reservado.

Uno de los procedimientos que concentra especial atención corresponde al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien recurrió ante el Tribunal Constitucional buscando detener el proceso seguido en su contra.

El TC rechazó el requerimiento presentado por Urrutia, al igual que las acciones impulsadas por otros magistrados, por lo que su caso quedó entre aquellos que podrán ser examinados por el pleno de la Corte Suprema.

La defensa de Urrutia, encabezada por el abogado Carlos Quezada, presentó además una solicitud de recusación respecto de los ministros de la Suprema Arturo Prado, Jean Pierre Matus y María Cristina Gajardo.

La petición invocó la garantía constitucional de un tribunal imparcial, contemplada dentro de las garantías del debido proceso. Este planteamiento deberá ser abordado en el marco de la tramitación antes de que se adopte una determinación sobre el fondo del procedimiento que afecta al magistrado.

La primera acción fue ingresada el 5 de agosto por su abogado, Carlos Quezada. En ella solicitó declarar inconstitucionales los artículos 40 y 41 del auto acordado contenido en el Acta 108-2020, normativa que regula el procedimiento destinado a investigar la responsabilidad disciplinaria de integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, el 26 de agosto la Primera Sala del TC resolvió de manera unánime no admitir a trámite el requerimiento. El tribunal argumentó que la presentación hacía referencias generales a resoluciones de la Corte Suprema relacionadas con las investigaciones sumarias, pero no explicaba suficientemente los hechos específicos que originaron la investigación contra Urrutia ni acompañaba la resolución que daba cuenta de su resultado.

Esa decisión fue suscrita por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery.

Pese al primer revés, Urrutia ingresó el 31 de agosto una nueva presentación ante el Tribunal Constitucional. La acción vuelve a cuestionar los mismos dos artículos del auto acordado que habían sido impugnados anteriormente.

El segundo requerimiento quedó radicado nuevamente en la Primera Sala, por lo que deberá ser examinado por los mismos integrantes que rechazaron admitir a trámite la presentación inicial.

Urrutia no es el único magistrado que ha recurrido nuevamente al TC. El juez Gustavo Benavente siguió un camino similar después de que su primera presentación tampoco fuera admitida por la Primera Sala. Su segundo requerimiento deberá ser revisado ahora por la Segunda Sala.

La jueza María Verónica Arancibia, también representada por Carlos Quezada, volvió asimismo al Tribunal Constitucional después del rechazo inicial de su acción. Su nueva presentación quedó igualmente en manos de la Segunda Sala.

Paralelamente, el TC comunicó a la Corte Suprema la suspensión de los procesos de remoción correspondientes a otros cuatro magistrados cuestionados por haber salido de Chile mientras se encontraban con licencia médica.

La medida favoreció a las juezas Erna Fuentes y Macarena Bobadilla y a los jueces Juan Manuel Gatica y Eduardo Fritz, quienes son representados por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.

Con ellos son cinco los procesos de remoción cuya tramitación ha sido suspendida después de requerimientos presentados ante el TC. El quinto corresponde al juez Jorge Saavedra, representado por Quezada, cuya acción fue admitida a trámite y posteriormente declarada admisible de manera parcial.

Los cinco casos en que se ordenó suspender los procedimientos fueron revisados por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, integrada por las ministras María Pía Silva, Catalina Lagos y Marcela Peredo, además de los ministros Raúl Mera y Mario Gómez.

En esas resoluciones, la ministra Peredo manifestó su disidencia. Su posición sostiene que, al existir una regla expresa sobre esta materia, no corresponde aplicar la suspensión cuando se trata de requerimientos dirigidos contra autos acordados.

La ofensiva judicial ante el TC continúa ampliándose. Los jueces Óscar Pacheco y Carlos Jeria también presentaron requerimientos para impugnar sus respectivos procesos de remoción, elevando a cerca de 20 el número de magistrados que han recurrido al organismo constitucional.

Las acciones forman parte de las distintas estrategias de defensa desplegadas frente a los procedimientos iniciados a raíz de casos de integrantes del Poder Judicial que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

La revisión de los 53 expedientes constituye una de las etapas centrales del proceso abierto en el Poder Judicial a raíz de los antecedentes sobre el uso de licencias médicas por parte de magistrados que posteriormente registraron viajes fuera del territorio nacional. Los otros cinco procedimientos permanecerán suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional adopte las resoluciones correspondientes. (NP-ChatGPT-Emol-La Tercera)