Pasadas las 10.00 de esta mañana se reunió el pleno del Tribunal Constitucional para votar el artículo 63 de la Ley de Educación Superior sobre la norma que prohíbe a las universidades incluir entre sus sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro.
Así, en una votación de 6 votos contra 4, el organismo declaró como inconstitucional la iniciativa, tras considerar que la materia que compone el artículo transgrede el derecho establecido en la Constitución como la libertad de enseñanza y organización.
De esta forma, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, proyecto que fue enviado en el gobierno de Michelle Bachelet y que prohíbe la presencia de personas jurídicas que persigan fines de lucro en directorios de universidades particulares.
La iniciativa que regula el sistema, discutida el año pasado en el Congreso, fue aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado.
«Con fecha 27 de marzo de 2018 el Pleno del Tribunal Constitucional ha terminado el examen preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley sobre Educación Superior, concluyendo declarar, por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento», informó el TC en un comunicado.
Añadió que, «Por otra parte, y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades».
La decisión antes fue revelada por el senador PPD Felipe Harboe: «Me informan que el TC declaró inconstitucional prohibición del lucro en controladores de educación superior» «Presidente Sebastián Piñera si quiere acuerdos partamos por reformar el TC y evitar siga afectando las instituciones democráticas», añadió en Twitter.
Tras ello, Chile Vamos no recurrió al TC para que éste se pronunciara por el artículo, sino quien lo hizo fue Pilar Armanet, cuestionada militante PPD que preside la Corporación de Universidades el 26 de enero pasado.
En medio de la decisión del requerimiento de inconstitucionalidad, el diputado de RD Giorgio Jackson explicó que durante el debate legislativo «impulsamos que la prohibición se extendiera a todas las instituciones del sistema». «No lo logramos ampliar, pero este proyecto de ley al menos pone un piso mínimo», expuso el pasado 22 de marzo en su Twitter.
Esa misma jornada, publicó otro post en el que señaló: «Hay que aclarar un punto clave. Durante el debate en el Congreso, sus artículos pasaron por seis controles de secretarías técnicas independientes entre sí (tres en cada cámara), ratificando unánimemente que dicha norma se debía aprobar con mayoría simple (y no quórum calificado)».
ENCADENAMIENTO AL TC
A raíz de la sesión, un grupo de estudiantes llegó hasta las dependencias del organismo en calle Huérfanos, pleno centro de Santiago, para protestar, encadenándose a las ventanas.
“Vinimos acá, porque queremos recordarle al Tribunal Constitucional que hace mucho tiempo Chile decidió que no queríamos más lucro en la educación, decidimos que los empresarios y los mismos de siempre no podían seguir lucrando con los derechos”, comentó el vocero Confech, Rodrigo Rivera, a radio Cooperativa.
Agregó que “lo que quiere hacer el Tribunal Constitucional, con la complicidad del Mineduc, es ponerle el tiro de gracia a la educación chilena y seguir permitiendo que los empresarios se sigan llenando los bolsillos“.
Por su parte, Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y vocera Confech, se refirió a la vista de la causa del requerimiento presentado por Pilar Armenet en representación de la Corporación de Universidades Privadas.
“El TC tiene un rol específico que es realizar un control jurídico de la ley, y no un control político que es lo que hoy se le solicita para proteger a los empresarios de la educación que no quieren dejar de lucrar“, afirmó.
“Hay que tener claro que el TC no debe legislar, esa función le corresponde al Congreso que ya tomó una decisión política en contra del lucro en las universidades. Si el TC hoy suprime esta norma, estaría suplantando al poder legislativo“, afirmó.
La protesta que motivó la llegada de Carabineros dejó al menos tres personas detenidas que fueron trasladadas a la Primera Comisaría de Santiago.
En enero, la Cámara de Diputados aprobó por 102 votos las modificaciones que hizo el Senado al proyecto de ley sobre educación superior que, entre otras cosas, establece la gratuidad.
CRÍTICAS DE CARLOS PEÑA AL FALLO
A minutos de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohibía controladores con fines de lucro en las universidades, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, advirtió las consecuencias de la determinación.
El abogado y columnista dijo que para evaluar la decisión del TC es útil hacer consideraciones de tres tipos: una conceptual, la otra jurídica, la tercera política.
“Desde el punto de vista conceptual, el trabajo del Tribunal Constitucional (TC) no consiste en juzgar la política pública contenida en la ley, sino nada más verificar si ella vulnera o no alguna norma que goza de supremacía. Y al hacerlo el TC debiera ser deferente, en principio, con la voluntad de la mayoría que consta en la ley. Ese es el principio básico de la democracia que impera, por lo demás, en la experiencia comparada”.
Añade que “el TC es un legislador negativo que requiere razones muy fuertes para excluir normas. Sólo razones muy fuertes o compulsivas como en ocasiones se expresa la Suprema Corte –y no consideraciones relativas a políticas públicas— podrían justificar la declaración de inconstitucionalidad ¿Median esas razones en este caso? Me parece que no. Regular la fisonomía organizacional de las universidades, disponiendo que cierto tipo de instituciones no pueden poseer el control de ellas, no lesiona en modo alguno ningún derecho fundamental, salvo que se considere que la libertad de asociación derrota a toda otra consideración lo que, obviamente, no es cierto. La ponderación –el balance de los derechos involucrados que hizo la mayoría- era plenamente constitucional. Lo que aquí estaba en debate es la índole de las universidades, no la libertad de asociación de las empresas”.
“Pero hay todavía una cuestión política que considerar. La presencia de controladores con fines de lucro introduce criterios de propiedad en las universidades que desmienten la índole que ellas deben tener. Las universidades son instituciones autónomas, sometidas al libre juego de la razón, y en ellas el argumento o las decisiones fundadas en principios de propiedad no deben tener cabida. Por eso, aunque la supresión de la regla del artículo 63 no impida controlar el lucro, hay algo que ella permite y que contradice una principio básico de la vida universitaria: la universidad no se gobierna, ni siquiera en parte, en razón del dominio o propiedad algo que, ahora, será posible”, asegura el rector de la UDP.
BACHELET: «CONTRADICE ANÁLISIS DEL CONGRESO»
La ex Presidenta Michelle Bachelet se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición sobre el lucro en las universidades.
A través de su cuenta de Twitter, la Mandataria expresó que “fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho”.
Sin embargo, anunció que su pronunciamiento sobre el lucro “contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior”.
Michelle BacheletFallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la ed. superior.
El pronunciamiento del TC fue ampliamente criticado por la Nueva Mayoría y el Frente Amplio.
Desde la ex coalición gobernante lamentaron que se “torciera el espíritu” de la legislación aprobada durante la administración de Bachelet y llamaron a reformar al organismo que acusan “funciona como tercera cámara”.
SUBSECRETARIO FIGUEROA: FALLO NO ALTERA PROHIBICIÓN DE LUCRO
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró este martes que «cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada», asegurando que el fallo dado a conocer por el Tribunal Constitucional (TC) «no altera la esencia» de la legislación que prohíbe el lucro.
Esta mañana, el TC declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior y el cual prohíbe la presencia de personas jurídicas que persigan fines de lucro en directorios de universidades particulares.
La autoridad aseguró que «como Ministerio tenemos total respeto por la institucionalidad vigente» y resaltó que «la ley prohíbe tajantemente la posibilidad de lucro en las universidades y el fallo que se ha dado a conocer no altera en nada esa situación».
El subsecretario Figueroa destacó que «la Ley de Educación Superior prohíbe el lucro y no hay dos interpretaciones al respecto. Cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada».
En ese sentido aclaró que la norma «establece con claridad una serie de regulaciones y exigencias que apuntan precisamente a asegurar que desde las universidades no se retiren utilidades. Esas exigencias van de la mano con una nueva institucionalidad, una nueva Superintendencia de Educación Superior, que tiene como principal foco asegurar que la prohibición del lucro en las universidades sea una realidad».
Figueroa recalcó que «el lucro en las universidades está absolutamente prohibido, eso no se ve alterado por el fallo del Tribunal Constitucional, el fallo no altera la esencia de una ley que está pronto a promulgarse, la esencia de esa ley es que el lucro se prohíbe y que existen mecanismos concretos para asegurar que esa prohibición sea efectiva».
Asimismo, relevó que la ley no sólo crea una nueva institucionalidad que fortalece la fiscalización del uso de los recursos por parte de las instituciones, sino que adicionalmente regula el funcionamiento de la gratuidad y avanza en el aseguramiento de la calidad, estableciendo un nuevo sistema de acreditación obligatorio.
Figueroa aseguró que tras el dictamen del TC, el Ministerio de Educación concentrará todos sus esfuerzos para garantizar que, una vez promulgada, se realice una correcta implementación de la Ley de Educación Superior.
«Existe una nueva institucionalidad que nosotros nos aseguraremos de constituir de forma eficaz, para dar seguridad que dicha prohibición efectivamente se cumpla», concluyó. (Emol Uno La Tercera)
