El Tribunal Constitucional (TC) inicia este miércoles una jornada decisiva para el análisis de la megarreforma promovida por el Gobierno, con una audiencia pública en la que 56 organizaciones y personas jurídicas presentarán sus argumentos respecto de las materias de constitucionalidad que deberá resolver el organismo.
La audiencia comienza a las 9.00 horas y está destinada exclusivamente a terceros interesados que representen intereses colectivos. Las entidades participantes fueron previamente admitidas por el TC para entregar sus planteamientos sobre los aspectos constitucionales sometidos a revisión.
El proceso se desarrolla a partir de requerimientos que cuestionan distintas disposiciones de la iniciativa, entre ellas la invariabilidad tributaria y el régimen de indemnizaciones asociado a una eventual anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) contemplado en el proyecto de Reconstrucción.
En paralelo, el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentaron tres escritos ante el Tribunal Constitucional para responder a los argumentos formulados por parlamentarios de oposición en sus respectivos requerimientos.
Entre las organizaciones ambientales admitidas para participar figuran ONG FIMA, Fundación Terram, Fundación Greenpeace Pacífico Sur y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, además de agrupaciones territoriales provenientes de comunas como Chonchi, Casablanca y San Gregorio.
El sector productivo también tendrá una amplia representación. En la audiencia participarán entidades ligadas a la industria salmonera, la agricultura, el hidrógeno y la desalación, entre otras actividades económicas.
A ellas se sumarán organizaciones sindicales y de trabajadores, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Autónoma de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de federaciones vinculadas con la minería, la salud y otras áreas.
La audiencia contará asimismo con representantes de centros de estudios, universidades y fundaciones relacionadas con el debate público, además de organizaciones indígenas y territoriales. También fueron admitidas entidades deportivas, culturales y colegios profesionales.
El TC señaló que las exposiciones deberán concentrarse en las materias directamente relacionadas con las cuestiones de constitucionalidad que se encuentran bajo su conocimiento. La instancia permitirá así recoger argumentos provenientes de sectores ambientales, empresariales, laborales, académicos y sociales antes de que el organismo adopte una resolución sobre las disposiciones impugnadas. (NP-ChatGPT-Emol)
