Luego de dos extensas jornadas de audiencias y alegatos, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger parcialmente los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintas disposiciones del proyecto de Reconstrucción Nacional. La decisión fue comunicada durante la noche de este jueves y supone la eliminación de algunas de las normas cuestionadas, mientras que el resto de las impugnaciones fueron rechazadas.

Entre las materias objetadas se encuentra el artículo 29, referido a la invariabilidad tributaria. El TC declaró inconstitucional la expresión “entre otros”, incluida en el primer párrafo del numeral 1, correspondiente a las disposiciones sobre inversión extranjera y contratos de inversión.

El tribunal también objetó la disposición que permitía al Ministerio de Hacienda, bajo determinadas circunstancias y previo informe de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, extender el plazo contemplado en esa regulación sobre invariabilidad.

Asimismo, fue declarada inconstitucional la referencia a la ejecución de “proyectos conexos” incluida en el párrafo tercero del literal A del numeral 2. A ello se suma la eliminación íntegra del numeral 4 del requerimiento, que regulaba precisamente este tipo de iniciativas.

En materia medioambiental, el TC acogió la impugnación contra los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecían un derecho a indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental fuera anulada mediante una sentencia judicial firme. Ambas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales en su totalidad.

El organismo también se pronunció sobre el artículo 11 N° 4, que introduce modificaciones a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En este punto, declaró inconstitucional la expresión “que no hayan sido evaluados y”, vinculada a las condiciones bajo las cuales personas que no formularon observaciones durante la evaluación ambiental pueden posteriormente presentar reclamaciones por afectación directa.

Otra de las materias revisadas correspondió al artículo 5, que modifica la Ley N° 20.434 sobre relocalización de concesiones de acuicultura. La iniciativa contemplaba excluir del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a las denominadas “micro-relocalizaciones”.

Sobre este último punto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la expresión “micro-relocalización” contenida en el numeral 2, además de determinar la inconstitucionalidad completa del numeral 3.

Respecto de las restantes disposiciones cuestionadas por los parlamentarios de oposición, el TC decidió rechazar los requerimientos, por lo que esas normas no fueron alcanzadas por el pronunciamiento de inconstitucionalidad.

QUIROZ: “INEQUIVOCAMENTE SATISFACTORIO”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Reconstrucción Nacional y calificó como “inequívocamente satisfactorio” el resultado de la revisión de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintas disposiciones de la denominada megarreforma.

La principal valoración del Ejecutivo se concentró en la invariabilidad tributaria, uno de los ejes de la iniciativa y que permitirá que grandes proyectos de inversión suscriban contratos con el Estado para mantener determinadas condiciones impositivas durante períodos de hasta 20 años. El TC respaldó prácticamente la totalidad de este mecanismo, aunque declaró inconstitucionales algunas disposiciones específicas.

Quiroz sostuvo que la ratificación de la invariabilidad tributaria constituye una buena noticia para el Gobierno, debido a que se trata, a su juicio, del elemento central de la reforma. Según explicó, el objetivo de esta herramienta es entregar certezas sobre las condiciones tributarias futuras y, con ello, favorecer la llegada de grandes inversiones al país.

El titular de Hacienda también destacó el funcionamiento de la institucionalidad y valoró tanto el trabajo realizado por el Tribunal Constitucional como la rapidez con que entregó su resolución tras las jornadas de audiencias y alegatos.

El pronunciamiento, sin embargo, también dejó fuera algunas disposiciones impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas se encuentra la norma que establecía una restitución estatal a empresas por inversiones efectuadas en proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera posteriormente anulada. El tribunal declaró inconstitucional esa regulación.

A ello se suma el rechazo a disposiciones relacionadas con las denominadas “micro-relocalizaciones” de concesiones acuícolas, además de la eliminación de algunos aspectos específicos vinculados al régimen de invariabilidad tributaria.

Quiroz reconoció que el Gobierno deberá revisar las materias objetadas, aunque señaló que algunos de sus efectos podrían ser compensados por otras disposiciones que superaron el control constitucional. Entre ellas destacó la norma que establece un límite de seis meses para la paralización de proyectos mediante medidas cautelares.

Uno de los asuntos que deberá evaluar el Ejecutivo corresponde precisamente a las micro-relocalizaciones, mecanismo que Hacienda consideraba relevante para acelerar inversiones, especialmente en la industria salmonera y en las regiones del sur del país.

El ministro indicó que el Gobierno esperará conocer los fundamentos completos de la sentencia antes de resolver los pasos siguientes. No obstante, adelantó que la administración buscará otras alternativas para agilizar las inversiones en caso de que las herramientas contempladas originalmente no puedan implementarse.

En ese contexto, Quiroz sostuvo que, si determinadas soluciones no pueden prosperar mediante cambios legislativos, el Ejecutivo reforzará las medidas de gestión destinadas a acelerar los procesos de evaluación y reducir las demoras que afectan a los proyectos de inversión.

Respecto de la restitución asociada a proyectos cuyas RCA sean anuladas, el secretario de Estado tampoco descartó explorar fórmulas alternativas que permitan alcanzar objetivos similares. De todos modos, recalcó que cualquier decisión será adoptada después de estudiar en detalle los argumentos contenidos en el fallo del Tribunal Constitucional.

OPOSICIÓN: “TRIUNFO PARCIAL”; OFICIALISMO: “SE MANTUVO LO SUSTANCIAL”

Con satisfacción moderada reaccionaron dirigentes de la oposición al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que acogió parcialmente los requerimientos presentados contra distintas disposiciones del proyecto de Reconstrucción Nacional. Mientras la centroizquierda destacó la eliminación de algunas normas ambientales, reconoció que no consiguió revertir uno de sus principales cuestionamientos: la invariabilidad tributaria.

Entre las disposiciones declaradas inconstitucionales se encuentra el derecho a indemnización frente a la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En contraste, el tribunal mantuvo la mayor parte del mecanismo de invariabilidad tributaria contemplado en la iniciativa, resultado que provocó evaluaciones de “dulce y agraz” entre los sectores opositores.

El senador liberal Vlado Mirosevic sostuvo que el pronunciamiento entregó parcialmente la razón a la oposición en materias que considera centrales. A su juicio, la resolución permitió establecer límites a algunas de las medidas impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque admitió que no fueron acogidas todas las impugnaciones presentadas.

Desde el Partido Socialista, el diputado César Valenzuela destacó como un logro la declaración de inconstitucionalidad de la indemnización vinculada a la revocación de permisos ambientales. Sin embargo, lamentó que el TC no acogiera los cuestionamientos centrales contra la invariabilidad tributaria y planteó que corresponderá a la oposición intentar modificar esa política en el futuro.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) también definió el resultado como un “triunfo parcial”. Si bien esperaba que los requerimientos fueran acogidos íntegramente, valoró especialmente la eliminación de la disposición que obligaba al Estado a indemnizar cuando una RCA fuera anulada, decisión que calificó como relevante desde una perspectiva ambiental.

Una evaluación similar realizó el senador DC Iván Flores, quien describió el resultado como de “dulce y agraz”. El parlamentario destacó que el tribunal acogiera diversos cuestionamientos ambientales, pero lamentó que la invariabilidad tributaria permaneciera prácticamente sin modificaciones.

La jefa de la bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, cuestionó la conducción política que tuvo el proyecto durante su tramitación y valoró que el TC declarara inconstitucionales varias de las disposiciones ambientales impugnadas. Asimismo, llamó al Ejecutivo a revisar su estrategia de diálogo con la oposición.

Desde el oficialismo, en cambio, la lectura se concentró en que los principales componentes de la reforma permanecieron vigentes. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, señaló que el fallo debe ser acatado y subrayó que la invariabilidad tributaria se mantiene en sus aspectos fundamentales, lo que consideró favorable para la posición defendida por el Gobierno.

Schalper agregó que será necesario conocer los fundamentos utilizados por el tribunal para declarar inconstitucional la regulación asociada a la anulación de las RCA y las disposiciones sobre micro-relocalizaciones, especialmente por las consecuencias que estas últimas podrían tener para la actividad salmonera.

El diputado Francisco Orrego (RN) sostuvo que existía la posibilidad de que determinadas normas fueran objetadas, pero destacó que, a su juicio, la “columna vertebral” del proyecto permaneció intacta. En particular, resaltó la mantención de la invariabilidad tributaria como una herramienta destinada a entregar certeza jurídica a futuras inversiones.

Por su parte, el diputado Tomás Kast (Evópoli) calificó el fallo como positivo para el Ejecutivo, argumentando que las disposiciones declaradas inconstitucionales corresponden a aspectos específicos y no modifican los elementos sustantivos de la Ley de Reconstrucción Nacional. A su juicio, la reforma conserva sus principales instrumentos para incentivar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.

El diputado UDI Jaime Coloma, integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, también destacó que el TC mantuviera prácticamente toda la regulación sobre invariabilidad tributaria. Según señaló, esta herramienta podría contribuir a entregar señales de certeza y confianza para impulsar nuevas inversiones en el país.

Coloma también interpretó la decisión como un respaldo a la forma en que el Gobierno y el oficialismo tramitaron la iniciativa, al tiempo que cuestionó la estrategia adoptada por la oposición durante la discusión legislativa.

Finalmente, el diputado independiente Roberto Arroyo llamó a respetar la resolución del Tribunal Constitucional y sostuvo que las normas que requieran modificaciones deberán ser corregidas sin detener el proceso de reconstrucción. Enfatizó que el Ejecutivo deberá buscar alternativas para mantener el avance de las medidas contempladas en la iniciativa.

De esta manera, tanto el oficialismo como la oposición rescataron aspectos favorables del pronunciamiento, aunque desde perspectivas distintas: mientras los sectores opositores pusieron el foco en las disposiciones ambientales eliminadas, los representantes oficialistas destacaron que la invariabilidad tributaria y los principales componentes de la reforma superaron el examen constitucional.

EMPRESARIADO: “MODERADO OPTIMISMO”

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre los requerimientos contra la Ley de Reconstrucción Nacional generó una evaluación mixta entre los principales representantes del empresariado. El sector valoró especialmente que se mantuviera gran parte del mecanismo de invariabilidad tributaria, aunque manifestó reparos por la eliminación de otras herramientas que consideraba relevantes para entregar certeza a las inversiones.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que el gremio recibió la resolución con “moderado optimismo”, aunque precisó que será necesario conocer el contenido íntegro y los fundamentos de la sentencia para realizar una evaluación definitiva.

Uno de los principales aspectos destacados por la CPC fue la decisión del tribunal de mantener prácticamente en su totalidad la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión superiores a US$50 millones. El mecanismo permite asegurar determinadas condiciones tributarias durante períodos de entre 10 y 20 años, dependiendo del monto de la inversión.

Según Jiménez, la mantención de esta herramienta constituye una señal favorable debido a la certeza jurídica que puede entregar tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. No obstante, advirtió que el fallo redujo la flexibilidad y el alcance originalmente contemplados para el mecanismo.

Entre las disposiciones eliminadas se encuentran aquellas que permitían modificar el monto de inversión y el período de invariabilidad cuando existieran proyectos conexos. El TC también objetó una norma que facultaba extender, bajo determinadas circunstancias, algunos plazos relacionados con la internación de capitales.

La CPC también lamentó la declaración de inconstitucionalidad de las denominadas micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas. Esta herramienta permitía desplazar una concesión dentro de un área limitada con el propósito de mejorar sus condiciones ambientales, sin incrementar la producción ni ampliar la superficie autorizada.

Jiménez sostuvo que la eliminación de esta alternativa representa una oportunidad perdida para conseguir mejoras de corto plazo en productividad y generación de empleo, dos de los efectos que el sector privado esperaba de esta disposición.

La dirigente empresarial también destacó la mantención de la eliminación de la denominada invalidación impropia. Al mismo tiempo, señaló que terceros podrán presentar reclamaciones ante el Comité de Ministros o el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), siempre que invoquen hechos que les produzcan una afectación directa.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en el empresariado es la decisión del TC de declarar inconstitucional la compensación estatal contemplada para aquellos casos en que una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), previamente aprobada, fuera posteriormente anulada.

La disposición buscaba disminuir la incertidumbre para proyectos que, tras obtener sus permisos ambientales y efectuar inversiones, enfrentaran posteriormente la anulación de su autorización. Para la CPC, la eliminación de este mecanismo abre la necesidad de estudiar una fórmula alternativa que otorgue mayor seguridad jurídica a las inversiones que hayan cumplido las exigencias establecidas por el Estado.

Jiménez planteó que debería analizarse un nuevo instrumento que preserve el objetivo que perseguía la norma declarada inconstitucional, especialmente en materia de certeza respecto de permisos otorgados luego del cumplimiento de los procedimientos y requisitos correspondientes.

La evaluación definitiva del empresariado quedará pendiente hasta conocer el fallo completo del Tribunal Constitucional. La CPC también mantiene atención sobre otra disposición de la Ley de Reconstrucción Nacional relacionada con la obligación de reconectar servicios básicos en zonas declaradas en situación de catástrofe.

Sobre este último punto, Jiménez manifestó su expectativa de que la disposición también sea declarada inconstitucional, argumentando que presenta dificultades operacionales y financieras, además de cuestionar sus efectos respecto de situaciones de morosidad existentes antes de una catástrofe. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)