El proyecto de ampliación de operaciones de la minera Collahuasi en la Región de Tarapacá, que contempla una inversión de US$345 millones, recibió 296 observaciones ciudadanas durante su evaluación ambiental. Los principales cuestionamientos apuntan a los posibles efectos sobre especies protegidas, la vegetación altoandina, los camélidos y las emisiones de polvo y ruido asociadas a las faenas.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó este miércoles un documento de 299 páginas que reúne las observaciones presentadas por personas naturales, comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales respecto de la iniciativa denominada «Modificación de extracción de estéril rajo Rosario, nueva cantera Ujina y ajustes en sistema de bombeo de relaves, faena Cordillera».
La propuesta busca incrementar temporalmente el movimiento de material en el rajo Rosario, principal área de extracción de Collahuasi, desde aproximadamente 300 millones hasta 330 millones de toneladas anuales entre 2027 y 2030.
El objetivo es compensar el retraso acumulado entre 2022 y 2026, período en que la compañía dejó de remover cerca de 174 millones de toneladas de material estéril, correspondiente a roca que debe retirarse para acceder al mineral de cobre.
La iniciativa también considera habilitar una nueva cantera en Ujina, desde donde se proyecta extraer 47,43 millones de toneladas de material entre el segundo semestre de 2027 y el primero de 2030.
Adicionalmente, contempla trasladar una estación de bombeo de relaves aproximadamente 600 metros hacia el sur, intervención que ocuparía otras 4,2 hectáreas.
Según el cronograma presentado por la empresa, el aumento del movimiento de material en Rosario comenzaría a mediados de 2027, mientras que la fase de construcción considerada en la planificación se iniciaría en 2030 y requeriría hasta 131 trabajadores.
Collahuasi pertenece a Anglo American y Glencore, cada una con un 44% de participación, mientras que Japan Collahuasi B.V. posee el 12% restante.
Entre las principales observaciones ambientales destaca la necesidad de precisar la ubicación de especies vegetales sensibles, particularmente los cactus Cumulopuntia ignescens y Cumulopuntia puskaya, además de la llareta (Azorella compacta), planta altoandina de crecimiento lento.
Los participantes solicitaron identificar y representar cartográficamente las fuentes de emisiones de polvo generadas por las excavaciones, el transporte de material, el tránsito de camiones y el funcionamiento de maquinaria pesada.
También pidieron determinar si esas emisiones podrían afectar la vegetación cercana a las áreas de intervención.
En el caso de la llareta, las observaciones plantean delimitar los sectores potencialmente afectados y desarrollar recorridos complementarios de terreno para localizar y georreferenciar los ejemplares presentes.
Otro de los principales focos de preocupación es la chinchilla, especie nativa de la cordillera de los Andes.
Las observaciones advierten que el proyecto se emplaza dentro de un área considerada por el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies asociado a este animal, por lo que solicitan una evaluación específica de los efectos de las obras sobre su hábitat.
Entre las medidas requeridas figuran campañas de monitoreo con cámaras trampa, búsqueda de fecas y madrigueras en sectores rocosos, además de observaciones nocturnas para establecer su presencia y distribución.
Las comunidades indígenas también expresaron inquietud por los efectos de la actividad minera sobre la fauna de importancia cultural y territorial.
La comunidad Ceballos Carrero denunció antecedentes de atropellos y muertes de animales que considera sagrados, y cuestionó la eficacia de las medidas adoptadas anteriormente para proteger los recursos naturales.
En su presentación, solicitó evaluar los posibles impactos sobre los hábitats utilizados por guanacos y camélidos, junto con actualizar la caracterización de flora y fauna en las zonas involucradas.
Las emisiones acústicas constituyen otro aspecto relevante de las observaciones ciudadanas.
Los participantes cuestionaron que la documentación del proyecto no abordaría suficientemente el ruido de baja frecuencia generado por maquinaria pesada y por el eventual incremento del tránsito de camiones.
En particular, manifestaron preocupación por los efectos del ruido sobre los camélidos domésticos, debido a posibles alteraciones en su comportamiento, desplazamiento y reproducción.
Las comunidades solicitaron aclarar si la nueva cantera Ujina utilizará tronaduras y, en caso afirmativo, informar los niveles de presión sonora que podrían registrarse en las áreas destinadas al pastoreo.
Las observaciones forman parte del proceso de evaluación ambiental y deberán ser abordadas conforme a las exigencias del SEA. Su presentación no implica que los impactos denunciados hayan sido acreditados ni constituye una resolución sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
La iniciativa ingresó al sistema de evaluación a mediados de junio y corresponde a una de las últimas inversiones impulsadas por Jorge Gómez durante su gestión en Collahuasi, antes de asumir la presidencia ejecutiva de Codelco.
El pronunciamiento ambiental será determinante para establecer las condiciones bajo las cuales la compañía podría desarrollar las modificaciones proyectadas en sus operaciones de Tarapacá. (NP-ChatGPT-Ex Ante)
