La Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile dictó el 30 de diciembre una sentencia para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta determinó que el Estado vulneró garantías internacionales al reducir penas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, mediante la “media prescripción”.
El caso “Vega González y otros vs. Estado de Chile” fue impulsado por la abogada Karinna Fernández, en nombre de familiares de víctimas. La Corte IDH ordenó revisar 14 fallos firmes donde se aplicó ese beneficio, invalidándolo para crímenes de lesa humanidad.
Ante la falta de norma nacional para implementar sentencias internacionales, la Corte Suprema improvisó un procedimiento ad hoc. Citó a audiencias a afectados y, finalmente, aumentó penas en rangos de 5 a 15 años para condenados.
La sala, integrada por Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, enfatizó que esto respeta obligaciones internacionales sin afectar la soberanía ni fallos nacionales. Refuerza la protección de derechos humanos.
Karinna Fernández celebró la resolución como “mensaje contundente” global: las sanciones por violaciones graves obligan a todo el Estado. Supera impunidades como la media prescripción tras 20 años de litigio, exigiendo penas efectivas.
Entre los afectados, Miguel Krassnoff y otros como Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga y Rolf Wenderoth verán aumentos en prisión. Gonzalo Maass, liberado en octubre, cumplirá 10 años más. Cuatro como Carlos Fachinetti y Víctor Muñoz reingresarán a la cárcel.
Dos condenados con demencia, César Manríquez y Hugo Opazo, mantienen consideraciones de salud. Otros como Juan Bustamante cumplirán con reclusión domiciliaria. Para fallecidos, se extingue la responsabilidad penal. (NP-Perplexity-La Tercera)