La Corte Suprema confirmó en abril la sentencia que acogió el recurso de protección presentado por el Instituto Profesional Santo Tomás contra la Subsecretaría de Educación Superior, debido a cambios aplicados en el cálculo de los aranceles regulados que el Estado financia por cada estudiante beneficiado con gratuidad durante 2025.
La controversia se originó tras la modificación de criterios relacionados con el tamaño de las instituciones técnico-profesionales, lo que alteró su clasificación y, en consecuencia, los montos de financiamiento asignados a cada plantel.
La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que la Subsecretaría de Educación Superior actuó de manera arbitraria e ilegal al introducir ajustes que no fueron observados por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles y que, además, carecían de fundamentos técnicos suficientes.
El tribunal ordenó al Ministerio de Educación corregir las resoluciones cuestionadas, restituir los criterios establecidos en la resolución emitida en febrero de 2024 y recalcular los aranceles regulados en base a esos parámetros.
De acuerdo con antecedentes de la Subsecretaría de Educación Superior, el fallo obliga a redistribuir de forma retroactiva más de $19 mil millones correspondientes a 2025 y a incorporar cerca de $20 mil millones adicionales en 2026.
El impacto fiscal total de la resolución judicial alcanzaría así aproximadamente $39 mil millones, recursos que beneficiarán a diez instituciones de educación superior. (NP-ChatGPT-Emol)