La presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, instruyó el envío de cartas a funcionarios del Poder Judicial que mantienen deudas morosas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), con el objetivo de que regularicen su situación antes del 31 de mayo.

La medida se adoptó luego de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial cruzara la nómina de funcionarios con la base pública del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. El análisis detectó 1.265 trabajadores que reciben remuneración fiscal y otros 67 sin sueldo fiscal que registran morosidades asociadas al crédito universitario.

El pleno del máximo tribunal resolvió que cada uno de los funcionarios deberá acreditar el pago de la deuda o la suscripción de un convenio con la institución correspondiente. La documentación deberá remitirse al correo habilitado por la Corte Suprema antes de que concluya mayo.

En la resolución, los ministros señalaron que la decisión se funda en las exigencias éticas y de probidad que recaen sobre los funcionarios públicos. Además, destacaron el carácter solidario del FSCU, cuyo financiamiento depende del cumplimiento de los pagos por parte de quienes fueron beneficiarios del sistema.

La iniciativa generó inquietud al interior del Poder Judicial, donde algunos magistrados cuestionaron las atribuciones de la Corte Suprema para impulsar una medida de este tipo y advirtieron sobre la posibilidad de eventuales sumarios si las deudas no son regularizadas dentro del plazo fijado.

La Organización de Trabajadores Judiciales criticó públicamente la decisión y sostuvo que no corresponde que el pleno actúe como una instancia de cobranza extrajudicial, argumentando que ello podría comprometer el principio de independencia judicial.

Por su parte, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial solicitó extender el plazo otorgado por la Corte Suprema y propuso que la regularización pueda efectuarse hasta el 30 de agosto.

Una vez recopilados los antecedentes enviados por los funcionarios, la información será revisada nuevamente por el pleno de la Corte Suprema, que deberá definir las medidas que estime pertinentes en cada caso. (NP_ChatGPT-La Tercera)