La Corte Suprema comenzará este miércoles un proceso sin precedentes para determinar el futuro de 57 jueces que enfrentan cuadernos de remoción por graves faltas a la probidad, luego de detectarse que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

El máximo tribunal ejercerá sus facultades de superintendencia correccional sobre los tribunales del país y analizará individualmente los antecedentes de los magistrados involucrados antes de resolver eventuales expulsiones del Poder Judicial.

La revisión comenzará a las 10.00 horas y estará a cargo de un pleno integrado por 18 ministros. La instancia será encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

También participarán las ministras Soledad Melo, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz y Jessica González, además de las ministras suplentes Eliana Quezada y Carolina Catepillán.

A ellas se sumarán Arturo Prado, Mauricio Silva, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Ricardo Blanco, además de los ministros suplentes Roberto Contreras y Hernán Crisosto.

Los integrantes del pleno deberán analizar cada caso considerando la responsabilidad constitucional y ministerial contemplada en el artículo 80 de la Constitución.

El procedimiento acordado considera escuchar primero los alegatos correspondientes a los 57 magistrados incluidos en la tabla. Posteriormente, la Corte convocará a un pleno destinado a deliberar y resolver los procesos, por lo que los resultados respecto de eventuales remociones se conocerían recién durante la próxima semana.

Para expulsar a un magistrado de la judicatura se requerirán al menos 11 votos favorables a su remoción.

Cada uno de los jueces tiene derecho a solicitar al menos una vez la suspensión de la vista de su causa, lo que implica trasladar su proceso hacia el final de la tabla. Hasta el cierre de los antecedentes entregados se habían presentado más de 14 solicitudes de este tipo.

Dentro del Poder Judicial se estima que el pleno podría alcanzar a revisar diariamente entre 10 y 12 cuadernos de remoción, debido a la cantidad de casos y a la necesidad de escuchar individualmente los argumentos de las defensas.

Los abogados de los magistrados buscarán demostrar que las conductas investigadas, aunque hayan sido objeto de reproches administrativos, no alcanzan una gravedad suficiente para configurar la mala conducta necesaria para justificar la expulsión.

La Corte analizará individualmente las circunstancias de cada juez, evitando una resolución general para todos los involucrados y ponderando los antecedentes particulares presentados durante los alegatos.

Entre los abogados que comparecerán se encuentra Gabriel Osorio, especialista en Derecho Público y exintegrante de la Comisión Experta del proceso constitucional, quien representa a los magistrados correspondientes a los primeros cinco casos incluidos en la tabla.

También intervendrá Carlos Quezada, quien representa a Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic.

Varios de esos magistrados recurrieron al Tribunal Constitucional para intentar frenar los respectivos procedimientos. Saavedra consiguió que su requerimiento fuera admitido a trámite y declarado admisible, además de obtener la suspensión de su proceso ante la Corte Suprema.

Entre las demás defensas figura el constitucionalista Tomás Jordán, representante de la jueza Paola Rivas, mientras Juan Carlos Manríquez comparecerá por el magistrado José Delgado.

También participarán José Pedro Silva, de BACS Abogados, y el especialista en Derecho Administrativo William García, quienes representan a magistradas involucradas en los procedimientos.

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, en tanto, asumirán la defensa de seis jueces mediante convenios de representación promovidos por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.

Entre sus representados se encuentran Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla, quienes también han recurrido durante los últimos días al Tribunal Constitucional.

La asociación gremial ha desplegado además acciones en otros ámbitos judiciales. En materia laboral, los abogados Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa, de RFU Abogados, presentaron una denuncia de tutela laboral contra la Corte Suprema en representación de la organización.

En el Tribunal Constitucional también se han promovido acciones a través de las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker, junto con William García.

El proceso que comienza este miércoles abre así una etapa decisiva para uno de los mayores procedimientos disciplinarios enfrentados por el Poder Judicial, con 57 magistrados sometidos a una revisión individual que podría terminar con la remoción de parte de ellos de la judicatura. (NP-ChatGPT-La Tercera)