Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una investigación contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por un presunto caso de tráfico de influencias vinculado a gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud.

La decisión fue adoptada por el magistrado André Mendonça, quien acogió una solicitud de la Policía Federal para esclarecer la eventual participación de Lulinha en trámites relacionados con la obtención de autorizaciones para la comercialización de cannabis medicinal en programas asociados a esa cartera.

La investigación se conoce en la antesala del inicio oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato. De acuerdo con los sondeos difundidos en Brasil, el actual mandatario figura como favorito frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las autoridades investigan si Lulinha habría intervenido en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes durante negociaciones con el Ministerio de Salud. Camilo Antunes enfrenta cargos en una investigación distinta relacionada con un millonario fraude detectado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Aunque el hijo del mandatario aparece mencionado en esa causa por sus presuntos vínculos con el lobista, no figura formalmente como investigado en dicho proceso. La nueva autorización judicial, en cambio, se centra específicamente en las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud.

Según la investigación, la Policía Federal busca determinar si Lulinha también favoreció a la empresaria Roberta Luchsinger y utilizó su influencia tanto en el Ministerio de Salud como en dependencias de la Presidencia para facilitar determinadas gestiones.

La defensa del hijo del presidente rechazó las acusaciones y cuestionó la apertura de una nueva investigación. Su abogado, Marco Aurélio de Carvalho, afirmó que su representado no mantiene vínculos con el INSS ni con los negocios de la empresaria mencionada y sostuvo que la Policía Federal no ha encontrado antecedentes que acrediten irregularidades.

El caso continuará bajo investigación mientras las autoridades reúnen antecedentes para determinar si existieron conductas constitutivas de tráfico de influencias en las gestiones objeto de la indagatoria.