La Superintendencia de Educación respondió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que detectó una presunta falta de fiscalización en establecimientos con altos niveles de denuncias por violencia escolar.
La superintendenta subrogante, Pamela Adriazola, aseguró que sí existen acciones de supervisión en estos recintos, indicando que el servicio mantiene presencia constante, especialmente en aquellos con mayor cantidad de denuncias, como los liceos emblemáticos.
En ese contexto, explicó que la estrategia del organismo busca evitar la duplicidad de procesos fiscalizadores, canalizando muchas de las intervenciones a través de las denuncias ya existentes, con el objetivo de no sobrecargar a los equipos directivos de los establecimientos.
Asimismo, la autoridad señaló que en los casos de convivencia escolar se privilegia la resolución colaborativa de conflictos, lo que implica que solo una parte de las denuncias deriva en procesos formales de fiscalización. Este enfoque, afirmaron, busca reducir la burocracia y promover soluciones internas en las comunidades educativas.
Desde la institución enfatizaron que su prioridad es acompañar a los establecimientos en el cumplimiento de la normativa, más que centrarse exclusivamente en sanciones, reforzando una mirada de apoyo antes que punitiva.
El pronunciamiento surge luego de que el informe de Contraloría indicara que solo un 10% de las denuncias terminó en una investigación formal, lo que abrió cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de fiscalización. (NP-ChatGPT-Emol)