Como parte del debate que ha general el fallo de la Corte Suprema respecto a dejar sin efecto el alza del 7,6% de los planes de las isapres, el superintendente de salud, Víctor Torres, declaró que «la situación de las isapres era compleja previamente al fallo, pero no tenía un riesgo mayor de que cayeran de manera inminente en alguna insolvencia o en alguna quiebra». Sin embargo, advirtió que el dictamen «complejiza la situación».
En entrevista con Radio Cooperativa, el superintendente señaló que, «la Corte nos instruye, como Superintendencia, a establecer un nuevo plazo para que las isapres puedan volver a notificar un alza que sea debidamente fundada para el proceso 2022 en un tiempo prudencial».
EL FALLO
Torres explicó que la sentencia instruye tres cosas importantes, la primera es que vía excedentes «se pueda restituir a todos los afiliados los recursos cobrados en el mes de junio, y agosto si es que aplica«. En ese sentido, agregó que desde la Superintendencia están evaluado una circular para emitir dicha instrucción.
Asimismo, indicó que «lo mismo ocurre con las personas que hayan tenido que cambiar de plan debido a esta alza, seguramente a una de menor cobertura que estuviera a su alcance, y por último, el fallo también incluye a las personas que se tuvieron que desafiliar producto de este aumento». «La instrucción es restituir y volver atrás», aclaró.
Cabe recordar que el veredicto declarado por la Corte Suprema tiene un carácter universal, es decir, para todos los afiliados, no solo las 300 mil causas que fueron ingresadas.
PACIENTES CON TRATAMIENTO
En el caso de una persona que tuvo que cambiarse de plan y que está sometida a un tratamiento, o lo estará en los próximos días, el superintendente afirmó que lo debe hacer «con el plan que tenía antes del alza».
«Esto es fundamental, porque el fallo de la corte deja sin efecto todo el acto desde la notificación en adelante, incluyendo el alza, entonces en consecuencia, desde dicha alza, todo vuelta atrás», concluyó Torres.
«FUTURO DE ISAPRES EN MANOS DEL GOBIERNO»
“El futuro inmediato de las isapres depende de las decisiones que tome el gobierno, la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud en el cumplimiento del fallo, y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento, son cruciales, de ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas, e indirectamente a 10 millones de usuarios de la red privada de salud”.
Esa fue la declaración que emitió este martes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, para referirse al fallo que emitió el jueves pasado la Corte Suprema, y que terminó en una derrota para las isapres, ya que congeló las alzas que habían hecho desde la industria este año a los planes de salud, no solo para los más de 300 mil afiliados que judicializaron el asunto, sino que para la totalidad de los usuarios del sistema.
Esta es la primera declaración que hacen las isapres oficialmente para referirse al inédito fallo. Adicionalmente y mediante un comunicado, el gremio comentó: “la Tercera Sala de la Corte Suprema, en su fallo del pasado 18 de agosto, mandató a la Superintendencia de Salud a regular un nuevo plazo de comunicación del reajuste de precios de los planes de isapres, para el período correspondiente a junio de 2022 y julio de 2023″.
Agregaron que “frente a esta sentencia, la autoridad debe dictar una nueva circular conforme a la Ley 21.350, crucial para el funcionamiento del sistema, y que despeje las incertidumbres jurídicas que gatillaron la inédita judicialización del sector, al punto de poner en riesgo su viabilidad”.
Asimismo, dijeron que “el futuro inmediato de las isapres y las coberturas de sus beneficiarios están en manos del gobierno, que ha reconocido la compleja situación operacional, instalando una mesa de trabajo para abordar los problemas. En ese contexto, la Asociación de Isapres está a la espera de que la Superintendencia de Salud, en los próximos días, dicte una normativa para retomar el proceso de adecuación, siguiendo las directrices que ordenó la Corte Suprema”.
Por último, señalaron que “la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud al cumplimiento del fallo y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento son cruciales, pues de ello depende la continuidad de los planes y coberturas que benefician directamente a más de tres millones de personas, y el normal funcionamiento de todo el sistema privado de salud, que suma más de 10 millones de usuarios al año”. (Emol-La Tercera)
