La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la asignación y pago de subsidios de arriendo correspondientes al Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Los antecedentes forman parte del Informe N° 314 de 2026, elaborado tras una auditoría financiera que examinó operaciones efectuadas entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Entre los principales hallazgos aparece la existencia, a marzo de este año, de 168 beneficiarios fallecidos asociados al subsidio de arriendo. La Contraloría determinó que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo llegó a tardar hasta 1.133 días en regularizar los contratos relacionados con estas personas.
Según el organismo fiscalizador, esta situación habría provocado un perjuicio fiscal estimado en $110,8 millones.
La auditoría también identificó 172 beneficiarios que arrendaban viviendas pertenecientes a familiares cercanos, pese a las restricciones de consanguinidad y afinidad contempladas en las reglas del programa. Los pagos correspondientes a esos casos alcanzaron aproximadamente $110,5 millones.
A ellos se agregan 19 personas que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación igualmente incompatible con las condiciones para recibir el beneficio. En estos casos se desembolsaron poco más de $14,4 millones.
La Contraloría detectó además que dos beneficiarios continuaron recibiendo el subsidio de arriendo pese a que ya habían obtenido una solución habitacional durante 2024. Los desembolsos observados por este concepto sumaron cerca de $3,5 millones.
El programa auditado tiene como finalidad favorecer la integración urbana de familias residentes en campamentos y cuenta, entre sus fuentes de financiamiento, con un préstamo por US$120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), previsto para un período de ejecución de cuatro años.
Frente a los resultados de la fiscalización, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo a regularizar ante el BID los gastos vinculados con beneficiarios que incumplían los requisitos del programa.
También ordenó concluir el procedimiento disciplinario que ya se encontraba en curso para establecer eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios relacionados con las irregularidades.
Los hallazgos de la auditoría no implican por sí solos responsabilidades penales individuales, pero obligan a la autoridad a corregir los gastos cuestionados y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. (NP-ChatGPT-La Tercera)