El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el dictamen de la Contraloría General de la República que estableció que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones sobre funcionarios relacionados con una causa penal en desarrollo.
El senador señaló que, aunque aún no había revisado en profundidad el informe del organismo fiscalizador, el caso evidencia la importancia de que todas las autoridades públicas conozcan y respeten claramente los límites establecidos por la ley para el ejercicio de sus cargos.
Squella sostuvo que cada institución del Estado debe actuar dentro del marco de sus competencias y evitar cualquier situación que pueda interpretarse como una extralimitación de sus facultades. En ese sentido, afirmó que el principio de legalidad debe ser una regla aplicable a todos los órganos públicos.
El dirigente republicano recalcó que la reflexión no debe limitarse únicamente al caso de Steinert, quien ya dejó el cargo, sino extenderse a todas las instituciones para evaluar si sus actuaciones se mantienen dentro de las atribuciones que les entrega el ordenamiento jurídico.
El pronunciamiento de Contraloría surgió tras requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y concluyó que la exsecretaria de Estado incumplió su deber de abstención al pedir información específica sobre funcionarios de una brigada especializada de la PDI que participaban en una investigación penal vigente.
Según el organismo fiscalizador, la solicitud realizada por Steinert incluyó antecedentes vinculados a una causa que estaba bajo dirección del Ministerio Público, entidad que posee autonomía para conducir investigaciones penales.
El dictamen abrió un nuevo debate político sobre los límites del recién creado Ministerio de Seguridad y la necesidad de resguardar la separación de funciones entre las autoridades encargadas de la coordinación estratégica y los organismos responsables de la persecución penal.