El flujo extraordinario de fondos que anticipa el informe financiero, entonces, no ocurrirá. En cambio, los jóvenes que no tienen expectativas de ingresos altos tras su egreso tendrán, por las condiciones de pago, más incentivos que ahora a acceder a este financiamiento. Serían más desembolsos con baja tasa de recuperación. Finalmente, las proyecciones salariales de los egresados en el informe financiero, como ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo, son muy optimistas.
Por su parte, la prohibición del copago para los deciles 7 a 9 significaría una caída importante de recursos para todas las instituciones con estudiantes FES (la merma podría superar los 200 millones de dólares). Atendidos los desafíos de la educación superior, ello redundará en nuevas presiones por recursos públicos (además de un interés desmedido por los estudiantes del 10% de más recursos).
Por último, las instituciones que no se han adscrito a la gratuidad, fundamentalmente porque sus estudiantes podían optar por el CAE y no querían comprometer sus ingresos (podían cobrar un copago), tendrían ahora incentivos a optar por la gratuidad, generando una presión fiscal que el informe financiero no contempla.
La gratuidad ya ha significado un aumento colosal de recursos para la educación superior. Mientras tanto, sigue acumulándose evidencia de que es mejor invertir en niveles iniciales, y este proyecto ofrece pocas garantías de acotar la presión de la educación superior sobre las cuentas fiscales —más allá de lo que argumenten las autoridades. (El Mercurio Cartas)
Loreto Cox
Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC
