Más de un millón de cuentas de servicios de agua potable y electricidad registran morosidad en Chile, escenario que cobra especial relevancia ante la próxima entrada en vigencia de la Ley de Reconstrucción, que establece nuevas obligaciones para las empresas de servicios básicos cuando se produzcan catástrofes.
La normativa contempla disposiciones que fueron revisadas por el Tribunal Constitucional (TC) y que obligan a las compañías a reponer los suministros de agua y electricidad a clientes con cuentas impagas que hayan sufrido cortes, cuando se encuentren en una zona afectada por una catástrofe. La restitución deberá efectuarse en un plazo máximo de 48 horas bajo las condiciones contempladas por la ley.
La cantidad de clientes morosos genera inquietud entre las empresas debido a las dificultades operativas que podría representar la aplicación de la medida durante una emergencia, especialmente cuando las compañías deben enfrentar simultáneamente daños en sus redes e interrupciones masivas de suministro.
En el sector eléctrico, a junio se contabilizaban cerca de 540 mil clientes con deudas superiores a 45 días, según antecedentes de Empresas Eléctricas A.G. Bajo la regulación vigente, estos usuarios pueden quedar expuestos a la suspensión del suministro debido al incumplimiento en el pago de sus cuentas.
La extensión de las deudas constituye otro de los factores relevantes. De acuerdo con el gremio que agrupa a las empresas distribuidoras, cerca de la mitad de los clientes eléctricos actualmente morosos mantiene obligaciones pendientes desde hace más de un año.
La cifra, sin embargo, permanece por debajo de los niveles alcanzados durante la pandemia, período en que la morosidad eléctrica llegó a aproximadamente 760 mil hogares, su mayor registro.
La próxima aplicación de las disposiciones de la Ley de Reconstrucción abre así un nuevo escenario para las compañías de servicios básicos, debido a que durante una catástrofe deberán compatibilizar las labores de recuperación de la infraestructura y normalización de las redes con la obligación legal de restituir el suministro a determinados clientes que se encontraban previamente en condición de morosidad.
La magnitud de las cuentas impagas también plantea un desafío financiero para las empresas, mientras la nueva normativa busca asegurar la disponibilidad de servicios esenciales para las personas afectadas por emergencias y catástrofes.
En el caso del gas, en tanto, no existen estadísticas oficiales que permitan establecer actualmente el número total de clientes que mantienen cuentas morosas en el país. (NP-ChatGPT-Emol)