Sobre identidades, justicia y DD.HH.

Sobre identidades, justicia y DD.HH.

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En recientes declaraciones, el presidente de México ha acusado al gobierno español de “soberbia” por no disculparse con América hispana por los perjuicios causado por esa monarquía en el período de la conquista. En Estados Unidos, en tanto, movimientos reivindicacionistas han exigido desmontar de lugares públicos estatuas instaladas por décadas en honor a líderes militares pertenecientes al bloque derrotado en la Guerra Civil o del presidente Theodore Roosevelt, por glorificar el racismo y el colonialismo, mientras que, en otros países, se ha procedido a eliminar efigies erigidas en memoria de Cristóbal Colon o de diversos militares que condujeron luchas internas del siglo XIX en el entendido que aquellas ofenden la memoria de personas que, en el presente, se identifican con los abusados en esos conflictos o circunstancias.

Recientemente, en Chile, algunos diputados han buscado el cambio del lema del escudo nacional y convencionales han propuesto la eliminación del pabellón y canción nacionales, pues la nueva constitución sería un momento de “refundación” en el que aquellos símbolos deberían ser retirados de la memoria del país por pertenecer a un período de la historia que agravia a quienes buscan su reformulación basada en tradiciones culturales que mejor representarían la mixtura mestiza de la mayoría de sus habitantes.

Es decir, asistimos a una suerte de zambullida profunda en el subconsciente y orígenes de la nacionalidad e identidad cultural hispanoamericana que, como buscando encarar el violento trauma de nacimiento de un continente que, a estas alturas, empero, combina ya filum genéticos de casi el conjunto de la especie, en sus inicios, la invasión masculina europea deterioró aquella femenina alma precolombina previa y avergonzó a esos miles de hijos de europeos e indias que Sonia Montecinos retrató tan bien en su libro “Madres y Huachos”, y que hicieron olvidar lenguas, tradiciones, cultura y conocimientos de pueblos y civilizaciones que habitaban el continente hace 500 años.

Más allá de la discusión cultural, del real aporte de los modelos de organización política precolombinos y de una perspectiva biológica que, mediante la investigación genética de la población nacional y americana seguramente demostraría la cuasi inexistencia de aquellas etnias originarias específicas y la vigencia masiva de un tipo genómico multiracial extendido, habría que concluir que la actual emergencia parece más bien un proceso motivado por las libertades que otorga la democracia y que ha permitido reelaborar miradas que afinquen ciertas seguridades ontológicas en un entorno que se admite caótico, como consecuencia del afloramiento de tantas y diversas maneras de vivir y convivir y que posibilitan la utilización política de dichos relatos originarios con propósitos muy modernos.

Desde luego, resulta curiosa la brusca emergencia de políticas identitarias étnico-culturales justo en momentos en que las presiones por el reconocimiento de la igualdad ante la ley, la libertad y respeto a los derechos humanos se encuentran en la cumbre de las demandas de los pueblos de diversas locaciones del mundo. Chile, por supuesto, no es la excepción.

Y es curiosa porque es evidentemente contradictoria, otra paradoja que muestra la pulsión emocional subsumida y el estado del arte del raciocinio a la greco-latina, cuya consistencia y coherencia argumental demoró siglos en desarrollar las no menos estrictas normas que rigen la lógica proposicional y que evitan la construcción de falacias que distorsionan la comprensión de lo real, haciendo imposible la comunicación y estimula el uso de la última ratio como forma de resolución de las diferencias.

Porque nada más falaz que construir un relato de igualdad y no discriminación al tiempo que se exige un trato desigual o preferente con el propósito de conseguir “que la tortilla se vuelva”. Tal comportamiento, más que mostrar lógica o racionalidad y una sincera búsqueda de verdad, de derechos humanos, dignidad y libertades, evidencia no solo el poder de la emocionalidad en la construcción de potestad política, sino también el peligro que su mal uso, en la forma de desquite, atraiga más infortunios que buenas nuevas.

En efecto, las políticas identitarias étnico-culturales no son un fenómeno nuevo. La historia universal está plagada de líderes que reivindicaron las especiales cualidades de un determinado pueblo, raza o nacionalidad y ensalzaron las supuestas superioridades que posibilitaban diferenciarse entre “los nuestros” y los “otros”. Es decir, el propósito “identitario” ha sido construir un relato que induzca a la férrea unidad del grupo elegido, habitualmente oponiéndolo a otros que constituirían su amenaza o se presentarían como los adversarios o derechamente enemigos.

Nada más clásico en la lucha por construir poder; una estrategia de manual para la conformación de estructuras orgánicas que otorguen propósito al grupo y control a sus dirigentes, pero, desde luego, nada más opuesto a una concepción humanista de la especie, tal como la que, tras la II Guerra -desatada precisamente por ideologías que dividen a las personas entre amigos y enemigos, de clase o raza- quedaron plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que los mismos que la enarbolan, trasgreden con conductas que van más allá de la mera reivindicación, validando la violencia y el abuso en función de una supuesta igualación perdida.

Este proceso tiene, casi siempre, su origen en reales o aparentes discriminaciones que “otros” han cometido en contra del grupo identitario de que se trate. Pero, como los abusos e instintos de dominación no son característica exclusiva de ciertos conjuntos humanos, sino de todos, cada uno podrá encontrar razones “objetivas” para declarar su victimización y prejuzgar sumariamente a los causantes de sus desgracias y “hacer justicia”.

La lista de ejemplos históricos y recientes es tan interminable como la historia de las guerras y conflictos, desde África hasta Asia, desde Oceanía hasta las Américas, desde el Medio-Oriente hasta Europa. Cada grupo humano organizado como tribu, clan, etnia, reino, imperio o nación-estado tiene tradición suficiente como para discriminar y elevar a categoría de enemigo a alguna otra tribu, clan, etnia, reino, imperio o nación-estado que en algún momento agravió sus derechos y, por cierto, para hacer converger furores múltiples -la mayoría de los cuales resultan ajenos a la discordia en ciernes- contra el enemigo apuntado por el liderazgo en busca de edificar su poder, incentivando así la imbatible voluntad humana de venganza o reivindicación del honor agraviado. Pero en tal caso, la mayoría de las veces, el esfuerzo no culmina en la consecución del respeto e igualdad extraviados, sino que continúa adelante hasta la “vuelta de mano”, pasando de dominado, a dominador, de agraviado a ofensor.

Los derechos humanos universales, herencia civilizatoria del luctuoso siglo XX, apuntan a la búsqueda de una comunidad humana global y extendida que se estima nace igual en dignidad y derechos y, por cierto, su objetivo es terminar con segregaciones y desigualdades tan innobles como razones de raza, clase, religión, profesión o capacidad intelectual. Reivindicar tales derechos es, pues, natural, cuando aquellos han sido o son evidentemente trasgredidos por otro grupo o por los poderes de diversa naturaleza con los que las personas conviven social y organizadamente en un territorio. Sin embargo, dicho reclamo tiene el límite de la consecución de la justa igualdad exigida y, por cierto, resulta contraproducente cuando se transforma en un intento de impulsar una otra desigualación, aunque opuesta.

Es decir, es paradojal exigir respeto por la dignidad y derechos propios de un grupo humano con determinadas demandas identitarias que, con razón o sin ella, reclama una merecida igualdad de trato y ante la ley, al tiempo que se asumen conductas cuyo resultado termina en el irrespeto de la dignidad y derechos de otros, sean aquellos incumbentes en el conflicto que generó el relato de dominación no consentida, o derechamente, como es el caso de alegatos referidos a circunstancias de hace siglos, muy ajenos a la polémica pertinente. Una lógica de agravio de larga data podría justificar exigencias del pueblo judío a una inexistente Babilonia o de los zulúes contra Inglaterra.

Los sentimientos de desigualdad subjetiva, emocional, no pueden formar parte de una estructura racional de derechos y libertades instaladas en un acuerdo de convivencia social objetivo y estructurado como normativa prescrita destinada a conducir la vida del conjunto de sus suscriptores. Más bien representan aquella emocionalidad que, si bien es inevitable en el pensamiento humano, también puede distorsionar de modo falaz los propios objetivos de libertad e igualdad que se persiguen como propuesta para una buena vida en común en un nuevo acuerdo social. (Red NP)

Adso de Melk

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