LA PENSIÓN abultada de la militante socialista, Myriam Olate, fue el punto de inicio del destape de varios y serios problemas que aquejan la conducción del Ministerio de Justicia. La opinión pública ha podido constatar que Gendarmería es una verdadera caja pagadora de favores políticos a militantes de partidos del oficialismo.
Lo anterior fue ratificado por el exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, quien reveló presiones por parte del Ministerio de Justicia para contratar y subir de grados a funcionarios favorecidos por la actual administración. La ministra, durante todos estos días, nos ha tratado de demostrar que ella ha “destapado ollas”, pero ¿qué tan cierto es esto?
Comencemos por el caso Sename: fruto de la renuncia de Marcela Labraña, militante DC, tras dar una serie de explicaciones “inexplicables” tras la muerte de una menor en un centro, no salió producto de su mal desempeño ni por el argumento de que “la niña falleció de pena”, sino que fue por el reproche social, sin que nuevamente la ministra Blanco no dijera nada.
Luego se nombra a Hugo Herrera, quien también renuncia tras la fuga de menores de un centro de Arica. Ahí llega Solange Huerta, quien fue la fiscal que llevó a cargo la investigación a la Presidenta Bachelet, lo que deja de manifiesto un evidente conflicto de interés y otro flanco para la ministra y el gobierno.
Después vino Gendarmería, que se destapó gracias al caso de Myriam Olate, de quien hasta el día de hoy no se sabe el porqué se le pidió la renuncia, haciendo calzar justo su elevado sueldo con su jubilación, obteniendo así la millonaria pensión que todo Chile conoce.
Tampoco se ha destapado la olla y menos informado sobre la renuncia de otras personas, vinculados a partidos de la Nueva Mayoría, que trabajaban en Gendarmería, y se fueron antes de cumplir su contrato, también calzando con un elevado sueldo y obteniendo su millonaria pensión.
Y la guinda de la torta de la indignación moral de la ministra, fue el desmentido al exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, cuando éste denuncia la obligación de contratar a personas que fueron solicitadas por el propio Ministerio de Justicia, donde Blanco señala tajantemente que jamás había pedido contratar a alguien.
Pero resulta que sí había pedido contratar a cuatro personas, descubriéndola a través de un oficio que se conoció por la prensa; pero ¿para qué? Para fiscalizar Cema Chile y la ANFP…
¿Qué razón puede existir para que se le solicite a un servicio con tantas necesidades económicas como Gendarmería, la contratación de cuatro personas con la idea de fiscalizar Cema Chile y la ANFP? A lo menos resulta extraño.
Existen razones de sobra para el estudio de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, habida cuenta de infracciones a la Constitución y a la ley en ámbitos como el aseguramiento de los derechos humanos de los niños a cargo del Sename, o la igualdad en el acceso a cargos públicos.
Como ChileVamos, hemos decidido iniciar paso a paso una agenda de hitos de fiscalización. Comenzaremos con la interpelación que realizará la diputada RN Marcela Sabat; luego reuniremos todos los antecedentes en la comisión investigadora sobre las pensiones de Gendarmería, y terminaremos con el estudio de una posible acusación constitucional.
Blindaje y justificaciones; esa ha sido la tónica del Ministerio de Justicia durante estas semanas, tratando de salvar como sea el barco, sin importar las malas condiciones de los Gendarmes y las cárceles; los niños en el Sename; los problemas en el Registro Civil y la Corporación de Asistencia Judicial.
Todo lo último da lo mismo y tiene justificación para la ministra, con tal de mantener esa cuota de poder al interior de un ministerio que tal como lo señalamos, es un botín político de la Nueva Mayoría.
Hay razones – y de sobra – para iniciar y llevar adelante una acusación constitucional en contra de la ministra Blanco.
La Tercera/La Nación