El sistema frontal que afecta a Chile desde el 14 de julio comienza a perfilarse como una de las catástrofes climáticas de mayor impacto económico de los últimos años. La emergencia ha golpeado a diez regiones del país, provocando daños en infraestructura pública, viviendas y diversos sectores productivos, mientras el Gobierno continúa evaluando el alcance de las pérdidas.
Los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Minería y Energía se encuentran levantando información para cuantificar los daños, en paralelo a las medidas de apoyo anunciadas por el Ejecutivo, entre ellas la prórroga para el pago de impuestos en las zonas más afectadas.
El principal antecedente es el sistema frontal registrado en junio de 2023, cuyos perjuicios fueron estimados en US$759 millones. De ese monto, la mayor parte correspondió a daños en infraestructura pública, viviendas, caminos, puentes y obras de defensa fluvial, mientras que el resto se concentró en pérdidas para el sector agrícola.
El economista Patricio Rojas estima que el evento actual podría superar esa cifra debido a su mayor extensión territorial y al amplio número de actividades económicas comprometidas, considerando que los efectos abarcan desde la Región de Atacama hasta Los Ríos.
Uno de los sectores más afectados es el comercio. La Cámara Nacional de Comercio proyectó pérdidas de entre US$20 millones y US$25 millones a nivel nacional, con la Región de Coquimbo concentrando cerca de dos tercios del daño económico. Los pequeños comercios, especialmente almacenes, restaurantes, panaderías y otros negocios de barrio, figuran entre los establecimientos más perjudicados por las inundaciones y los prolongados cortes de energía.
En la agricultura también se han registrado importantes consecuencias. Un catastro de la consultora Colliers detectó daños en cultivos de trigo, avena y cebada, además de afectaciones en sistemas de riego, canales, instalaciones eléctricas e infraestructura agrícola en diversas comunas del norte y centro del país. Aunque gran parte de los frutales se encuentra en receso invernal, también se reportó caída de cítricos y paltas en zonas costeras debido a los fuertes vientos.
En el ámbito minero, el Consejo Minero informó que las grandes compañías activaron sus planes preventivos y mantuvieron la continuidad operacional sin incidentes relevantes. No obstante, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) solicitó medidas extraordinarias para apoyar a más de 600 pequeños productores afectados por daños en caminos e infraestructura en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Los efectos de la emergencia también comenzarían a reflejarse en la actividad económica. Analistas anticipan una desaceleración del Imacec correspondiente a julio, principalmente por las dificultades que enfrentan la minería y la agricultura. Sin embargo, estiman que en los meses posteriores parte de ese impacto podría compensarse gracias a una mayor generación hidroeléctrica derivada de la acumulación de agua y al avance de las labores de reconstrucción y recuperación de la infraestructura dañada. (NP-ChatGPT-Ex Ante)