La degradación de las instituciones políticas en nuestro país durante el gobierno de Gabriel Boric ha redundado en una dura caída al apoyo popular a la izquierda en Chile. No obstante, en el período final de su mandato el gobierno ha insistido en realizar algunas transformaciones que forman parte de su ideario, sus promesas y su intento de refundar la sociedad chilena.
Entre ellas está el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que se ha llamado FES. La consigna, siempre hay una en las iniciativas de este gobierno, es eliminar el CAE (Crédito con Aval del Estado) para crear el FES.
Pero como en otras reformas del gobierno, hay también una intención encubierta y ésta es dificultar que las universidades privadas que acceden a mecanismos de financiamiento público puedan cobrar a los alumnos. Así como lo hicieron en educación escolar quieren eliminar el copago, que para los colegios particulares subvencionados significó en su oportunidad disponer de 500 millones de dólares menos de financiamiento, con graves consecuencias para la calidad de la educación, como se documenta en el libro “Reprobado, una década perdida en Educación” que publicó recientemente Libertad y Desarrollo con la edición de María Paz Arzola y el aporte de expertos como Raúl Figueroa, Harald Beyer, Carlos Williamson, Luz María Budge y Sylvia Eyzaguirre, entre otros.
Ahora, se estima que el fin del copago en educación superior podría llegar a restar del orden de 1.000 millones de dólares anuales a las universidades. La gratuidad universitaria ha generado ya un déficit superior a los 700 millones de dólares que se vería aumentado con la aprobación del proyecto del FES. El informe financiero del proyecto, elaborado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, permite estimar que el sistema de financiamiento es al menos 900 millones de dólares anuales más caro que el actual.
Como se sabe, esta danza de millones disfrazada una vez más con atuendo de gratuidad, siempre la tiene que pagar alguien. La creatividad que exhiben quienes nos gobiernan cuando se trata de allegar recursos para financiar sus proyectos los llevó en este caso a proponer un sistema de reparto, a la usanza de la previsión, para financiar la educación superior. El mecanismo elegido es un impuesto que tendrán que pagar los profesionales egresados de las universidades, para cubrir el costo de quienes en ese momento estén cursando la educación superior. Este tributo, inédito en el mundo según nuestro conocimiento, es un verdadero impuesto a la ilustración, nuevo invento del gobierno del Presidente Boric.
Lo peor es que su diseño permite que alguien que proviene de una familia de escasos recursos y fruto de su esfuerzo ha logrado obtener buenos ingresos, pague más de lo que costó su carrera, y que ese dinero sirva para costear los estudios de una persona de familia acomodada, cuyo aporte a la sociedad es incierto mientras no termine su carrera. Así como en pensiones de reparto los que trabajan tienen que costear las pensiones de quienes no necesariamente lo hicieron; en educación superior los que coronan sus estudios con un título y obtienen ingresos a partir de ello serán gravados con un impuesto para financiar a alumnos que no necesariamente estudian. Esta verdadera sociedad del demérito que fomenta este gobierno introduce los peores incentivos para el progreso de los países. ¿Podemos extrañarnos entonces de la merma en la capacidad de crecimiento de la economía chilena?
Por último, vale la pena señalar que se aprovecha una situación que es popular, cual es condonar deudas, para intervenir un sistema e introducir nuevos impuestos. Si quieren condonación al CAE tendrán que aceptar nuevos impuestos a los profesionales. Se parece mucho a: “si quieren un aumento de las pensiones actuales tendrán que aceptar un nuevo impuesto a los trabajadores”. La izquierda pretende introducir este nuevo patrón para transformar a Chile en un país socialista. La derecha tiene mayoría en el país para evitarlo. (El Líbero)
Luis Larraín
