Un viejo aforismo jurídico señala que “más vale dejar a un culpable libre, que a un inocente en la cárcel”. La idea tiene que ver con un concepto de justicia, pero también con una estrategia de comportamiento social. El sistema no es infalible, por supuesto, y por eso existe la figura del error judicial (cuya víctima más recordada es probablemente Jorge Tocornal). Pero de todos modos, el principio es el mismo: incentivar la buena conducta, bajo la lógica de que si no hago nada ilícito, no me van a perseguir.

Ese aforismo es congruente —sin ser sinónimo— con el de la presunción de inocencia. Este suele definirse, coloquialmente, como que cualquier persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y ojo con el verbo “probar”, porque debe ser en base a evidencia irrefutable, no meras presunciones; por ello es que la famosa “duda razonable” es tan temida por los inquisidores en los tribunales.

Así, uniendo ambos axiomas, llegamos a la conclusión de que la sanción sólo debe operar cuando existe el convencimiento de que hubo culpabilidad.

Lo anterior no obsta, por supuesto, a las “medidas precautorias”, tan famosas como mediáticas. Pero estas medidas no son penas anticipadas por el posible ilícito. Son más bien acciones tendientes a sancionar dos conductas aledañas: que la persona no cooperará (por ejemplo, que se pueda escapar) o que es un peligro para la sociedad.

El problema es que acá entra a jugar la psicología social: la opinión pública es muy reactiva a los juicios condenatorios; si el río suena, se asume que es porque piedras debe traer. Esto se nota incluso en las mismas medidas precautorias: cuando se decreta, por ejemplo, prisión preventiva, muchos asumen ya la culpabilidad del imputado.

Y por eso hay que tener mucho cuidado. Especialmente cuando la sanción no proviene de un tribunal, sino de la política.

Algo de eso ocurrió con el ex subsecretario de Hacienda, José Pablo Rodríguez. Cuando se conoció el resultado positivo de su examen de drogas, la reacción del Gobierno pareció políticamente impecable. La señal era clara y firme: no se puede tolerar el consumo de drogas en una autoridad. Además, actuar tempranamente permitía evitar cualquier odiosa comparación con el caso Monsalve. Un golpe de timón irreprochable, desde el punto de vista comunicacional.

El problema vino después. El ex ministro Jaime Mañalich advirtió sobre el alto porcentaje de falsos positivos que pueden arrojar este tipo de exámenes. A ello se sumó la información sobre nuevas pruebas que han resultado negativas para el ex subsecretario. Y entonces comenzó el ruido que se escucha hasta hoy.

Porque si existe una posibilidad razonable de que el primer resultado haya sido equivocado, una decisión que inicialmente parecía impecable desde la política comienza a ser cuestionable desde la justicia. ¿Se sancionó a un culpable o se condenó demasiado rápido a alguien que todavía debía estar protegido por la presunción de inocencia?

El Gobierno quiso ponerse un estándar alto, probablemente con buenas razones. Pero los estándares demasiado altos pueden conllevar costos si se aplican sin espacio para verificar, ponderar y corregir. En este caso, lo que habría sido apenas una decisión administrativa —una dura, pero decisión administrativa al fin y al cabo— ha terminado por exponer al Ejecutivo a una crisis autoinfligida: por querer demostrar máxima severidad, La Moneda quedó expuesta a haber castigado a quien quizás no correspondía.

Y todavía hay un efecto menos visible. Los gringos lo llaman aftermath: aquello que queda después del golpe. Porque si ejercer un alto cargo público significa que un examen eventualmente equivocado puede terminar, de un día para otro, con una carrera profesional y una reputación, quizás mañana habrá menos personas dispuestas a aceptar una subsecretaría.

La política necesita estándares altos. Por supuesto. Pero también necesita procedimientos justos. Porque entre ser firme y ser injusto existe una línea delicada. Y no advertirla puede generar costos en el largo plazo. (El Líbero)

Roberto Munita