Chile enfrenta un momento decisivo. La delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo en la Macrozona Sur y el avance del crimen organizado, amenazan con transformarse dentro de los próximos años en una realidad sin vuelta atrás.
Mientras el crimen se organiza y fortalece, la respuesta del Estado sigue siendo débil, tardía e ideologizada, al extremo que la candidata presidencial oficialista, no reconoce la existencia de terrorismo y hasta hace unos años atrás, frente al estallido, no sólo reivindicaba lo que ocurría en las calles, sino que promovía el desarme de Carabineros, los perseguía judicialmente y simpatizaba con un movimiento que llamaba a actuar con violencia en contra de ellos.
El terrorismo en la Macrozona Sur, bajo el supuesto de reivindicaciones territoriales que desconocen y desafían al Estado de Chile y promueven una organización social al margen de nuestro ordenamiento, debe ser leído como una genuina amenaza a la soberanía de la nación.
A su vez, el crimen organizado que actúa bajo la premisa de cooptar a la autoridad y generar una organización de control autónomo dentro del mismo estado, atentan también en contra de la soberanía, y en consecuencia en ambos casos, no sólo se habilita la participación activa de las Fuerzas Armadas, sino que exigen contar con una respuesta de esa magnitud.
El deber rector del gobernante es proteger a las personas y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de cada cual, y frente a ello, al Presidente de la República le asiste el deber imperativo y no una mera facultad, de disponer de toda la fuerza del Estado para cumplir su propósito.
Pero una acción efectiva de las Fuerzas Armadas debe realizarse bajo el resguardo jurídico que garantice la aplicación de normas, de forma y fondo, que se condigan con la magnitud de la tarea encomendada. Esa es la razón por la cual abogamos por la aplicación de la justicia militar cuando se recurre a quienes detentan el monopolio y la responsabilidad del uso de la fuerza.
Ello no únicamente cuando está en riesgo la soberanía, como en los casos descritos, sino también cuando cumplen un rol excepcional de resguardo del orden público o tareas que impliquen contacto con la población en el ejercicio de funciones legalmente determinadas.
Para tal efecto, si es necesario proceder transitoriamente bajo Estado de Sitio con tal de que la norma aplicable sea la diseñada para el ejercicio militar, no sólo no se puede descartar, sino que siempre tiene que ser una opción a considerar.
La experiencia internacional demuestra que cuando hay decisión política, sí es posible recuperar el orden, la paz y la tranquilidad. El caso de El Salvador es uno de ellos.
Con medidas firmes, la violencia puede retroceder y las familias pueden volver a caminar libres por sus calles. No se trata de aplicar modelos exactos, sino de aprender de aquellas experiencias que han demostrado resultados concretos.
Por lo anterior es tan relevante la decisión que tomaremos en noviembre. Quien ejerza el cargo de Presidente de la República durante los próximos años, tendrá entre otras, la responsabilidad de disponer de toda la fuerza del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, para evitar la pérdida del control y debilitamiento del Estado de Derecho, a sabiendas de la persecución que vendrá después, por parte de quienes confunden la protección de derechos humanos, con la promoción de sus posiciones basadas en ideologías confusas y erróneas.
Desde el Partido Republicano hemos planteado no sólo medidas específicas para enfrentar la crisis de seguridad, sino un Plan integral de Recuperación Territorial que entiende la magnitud de la crisis, y pretende disponer de toda la fuerza del estado, para restablecer de manera efectiva, el orden necesario que permita garantizar la paz y la tranquilidad, a todas las familias chilenas. (Bio Bio)
Arturo Squella
