Según el organismo, a través de ocho facturas presuntamente falsas emitidas entre febrero y septiembre de 2013, “Laurence Golborne Riveros, obtuvo incrementos de patrimonio en virtud de los pagos efectuados por el Banco de Crédito e Inversiones, en razón de las facturas falsas por servicios no prestados emitidas durante el año 2013 por Vox Comunicación Estratégicas SPA y Asesorías VSA Limitada”, detalla el documento que desde el 11 de mayo estaba bajo reserva de la Fiscalía Oriente.

Según el mismo documento, que se sustenta en balances tributarios, rectificaciones de impuestos a la renta y declaraciones, entre otros documentos, “el perjuicio fiscal se encuentra dado por los incrementos de patrimonio producidos por los pagos efectuados en razón de las facturas falsas, no declarados por Laurence Nelson Golborne Riveros, lo que implicaría un aumento en su patrimonio personal para el año 2014 por un monto histórico que asciende a $ 112.820.000”.

El presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, declaró en la Fiscalía que los pagos a VSA y Vox Comunicaciones están vinculados a “peticiones que me realizó para la campaña presidencial de don Laurence Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Golborne declaró en el SII en junio de 2015 que él no recibió aportes directos. “Yo contraté servicios que fueron efectivamente prestados”, dijo. Golborne volvió a ser citado por el SII en enero y febrero de 2016, pero no concurrió.

El informe de 16 páginas alude, además, al rol del empresario Tomás Carrasco, quien vinculó a Golborne con la presunta obtención irregular de aportes de 10 empresas, facilitando facturas falsas de sus sociedades GS Outsourcing y Asesorías VSA, “con el objeto de respaldar los aportes económicos entregados por varias empresas en beneficio de la campaña presidencial del señor Laurence Nelson Golborne Riveros. Además, con dichos fondos pagó los servicios prestados por la imprenta Huerta y Contreras Limitada (…) y los honorarios de personas que trabajaron en la mecionada campaña”.