Las diligencias realizadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias del Congreso volvieron a situar en el centro del debate la situación judicial de parlamentarios en ejercicio. Los procedimientos, vinculados a una investigación por eventuales irregularidades en licitaciones de Junaeb, incluyeron registros en las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente).

La investigación relacionada con contratos de la empresa Soser S.A. con Junaeb aborda eventuales delitos de cohecho, soborno, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, Gahona y Calisto son indagados por un eventual delito de cohecho.

A ellos se suman otros cinco senadores cuyos nombres figuran, bajo diferentes circunstancias y calidades, en investigaciones del Ministerio Público: Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic (independiente), Loreto Carvajal (PPD), Matías Walker (Demócratas) y Karol Cariola (PC).

La situación judicial de cada parlamentario es distinta. Mientras algunas causas permanecen en etapa investigativa y contemplan diligencias específicas, en otras los legisladores aparecen mencionados en antecedentes surgidos de investigaciones de mayor alcance. Ninguno de los siete senadores ha perdido actualmente su fuero parlamentario.

Entre ellos, Miguel Ángel Calisto enfrenta el escenario más avanzado respecto de un eventual desafuero. La Fiscalía presentó en junio una acusación en su contra por una causa relacionada con presuntas asesorías parlamentarias ficticias y solicitó retirarle nuevamente el fuero. Sin embargo, la audiencia fue suspendida luego de que se reabriera la investigación, por lo que el Ministerio Público deberá formular una nueva solicitud en la etapa procesal correspondiente.

La Fiscalía atribuye a Calisto, cuando ejercía como diputado, participación en un mecanismo que habría permitido obtener recursos del Congreso mediante asesorías que presuntamente no fueron realizadas. El perjuicio fiscal calculado en esa investigación alcanza al menos $105,5 millones. La acusación presentada también incluye a otras siete personas y solicita para el senador una pena de 12 años de presidio.

Calisto, además, figura junto a Gahona en las diligencias por las licitaciones de alimentación escolar de Junaeb. Los investigadores buscan determinar si existieron mecanismos destinados a favorecer a Soser S.A. mediante información reservada u otros eventuales beneficios asociados a los procesos de contratación.

Sergio Gahona también aparece mencionado en antecedentes de la denominada trama Bielorrusa. En esa investigación se conoció un cheque por $4 millones girado a su nombre por el conservador Sergio Yáber. El senador ha explicado que el dinero correspondió a un préstamo para cubrir gastos familiares.

La senadora Camila Flores, en tanto, es investigada por el caso conocido públicamente como “cuota Flores”, relacionado con una eventual devolución de parte de las remuneraciones de integrantes de su equipo parlamentario. El Ministerio Público busca establecer si recursos públicos destinados al funcionamiento de su oficina terminaron siendo restituidos por funcionarios a través de algún mecanismo irregular. Flores ha rechazado las acusaciones y manifestado su disposición a colaborar con la investigación.

Una situación de características similares es indagada respecto del senador independiente Alejandro Kusanovic. La Fiscalía Regional de Magallanes investiga una denuncia por la eventual devolución de parte de la remuneración de un antiguo integrante de su equipo. Durante julio, la PDI realizó diligencias que incluyeron la incautación de equipos electrónicos vinculados al legislador.

Loreto Carvajal aparece, por su parte, en una arista de la trama Bielorrusa. La investigación surgió después de que el abogado Eduardo Lagos declarara ante la Fiscalía que la senadora habría recibido $300 millones a cambio de gestiones destinadas a favorecer el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán. Carvajal ha rechazado esa acusación.

El senador Matías Walker también figura en antecedentes relacionados con la trama Bielorrusa debido a sus vínculos con Sergio Yáber. Entre los movimientos financieros examinados por el Ministerio Público aparece una transferencia por $1,6 millones desde Yáber a Walker. El legislador reconoció la operación, pero aseguró que correspondió al reembolso de un pasaje relacionado con un viaje de su hijo y descartó cualquier relación con actuaciones ilegales.

Karol Cariola, en tanto, continúa vinculada al denominado caso Chinamart. La investigación se originó a partir de gestiones efectuadas cuando era diputada en favor del empresario Emilio Yang, propietario de la cadena Chinamart. El Ministerio Público indaga si esas actuaciones pudieron configurar un eventual tráfico de influencias. Cariola declaró como imputada y ha negado la existencia de delitos.

Las investigaciones también alcanzan a figuras de la Cámara de Diputados y a exparlamentarios. El diputado Cristián Araya (Republicanos) ha sido mencionado en antecedentes y escuchas telefónicas de la trama Bielorrusa, particularmente en una arista relacionada con Sergio Yáber. Araya ha negado cualquier participación en pagos o actuaciones irregulares.

A su vez, el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC) quedó relacionado con las diligencias desarrolladas en el caso Junaeb. El exparlamentario aseguró desconocer los hechos específicos que motivaron las actuaciones investigativas y descartó tener vínculos con eventuales irregularidades en la institución.

El avance de las distintas causas mantiene la atención sobre un eventual desafuero de alguno de los legisladores. Esta medida requiere la autorización de la Corte de Apelaciones competente y, en caso de concederse, implica la suspensión del parlamentario de sus funciones mientras enfrenta el procedimiento judicial correspondiente. (NP-ChatGPT-Emol)