El pasado 26 de mayo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, remitió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el escrito con que comenzó a sellar el fin de la investigación que, por dos años, mantuvo un flanco abierto a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler: el caso por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.
Ese día el persecutor comunicó formalmente al tribunal su decisión de no perseverar en la indagación, “porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”. Acto seguido, pidió audiencia para debatir la determinación y cerrar la causa, cita que quedó programada para el próximo 18 de julio.
Y aunque tras dicha presentación los distintos intervinientes podrían haber manifestado su oposición, como al menos lo indicaron públicamente querellantes una vez que se conoció la noticia, eso no ocurrió y el plazo para hacerlo venció.
De hecho, durante la jornada de ayer lunes, a solicitud del abogado de Hassler, Miguel Schürmann, el tribunal certificó aquello.
“Que, habiendo transcurrido 17 días desde el cierre de la investigación, esta defensa no tiene constancia de que algún interviniente hubiera solicitado a S.S. su reapertura en virtud del artículo 257 del Código Procesal Penal. Por consiguiente, a la fecha se habría cumplido el plazo establecido en la citada disposición —de diez días, contados desde el cierre de la investigación— sin que algún interviniente formulara solicitud alguna sobre este cierre. Así las cosas, solicito que se certifique, por el funcionario que corresponda, que a la fecha ningún interviniente ha solicitado a S.S. la reapertura de la investigación según lo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal», se lee en el escrito ingresado por el penalista.
Ante ello, el jefe de la unidad Administración de Causas del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Felipe Miranda, acreditó: “Se hace presente que, a la fecha de hoy 16 de junio de 2025, ningún interviniente a solicitado la reapertura de la investigación”.
«NO HICIERON NADA»
Respecto a la situación, Schürmann indicó a La Tercera que “el tribunal certificó que los querellantes tuvieron la oportunidad de solicitar la reapertura de la investigación y no lo hicieron. Esto significa que, pese a que varios querellantes políticos han opinado públicamente sobre la investigación y la supuesta necesidad de seguir investigando luego de más de dos años y medio desde que empezó esto, lo cierto es que en el proceso no hicieron nada».
Así, enfatizó en que “el resultado concreto es que el Ministerio Público afirmó que la investigación esta agotada y los querellantes no podrán discutirlo en la audiencia, por lo que el caso terminará para todos los efectos legales».
Ello confirmará, recalcó el abogado, lo que han manifestado desde un inicio: “Doña Irací Hassler es inocente de los cargos que interesada e injustificadamente le formularon los diputados del Partido Republicano”.
Consultados sobre las razones por las que no habrían expuesto la necesidad de reabrir la indagatoria, desde el Partido Republicano no hubo respuesta.
Por su parte, Miguel Cea, quien también se había querellado en esta causa, afirmó que si bien es contrario a la decisión del fiscal Cooper, decidió no hacerlo para evitar eventuales “conflictos de interés”.
“Lamentablemente tuve que elegir; por otra parte, lo principal para mi era evitar que los vecinos fueran defraudados y eso se logró”, sostuvo.
SOBRESEIMIENTO
Al igual que la defensa de Irací Hassler, los abogados de Felipe Sánchez, dueño de la exclínica en cuestión, también habían valorado la decisión de no perseverar, aunque esperaban ir más allá.
“Vamos a solicitar que en esa audiencia se discuta también el sobreseimiento del señor Felipe Sánchez por haber demostrado su inocencia durante esta investigación”, aseguró hace algunas semanas Nelson Salas, en conversación con este medio.
Así, el equipo del representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA -según pudo confirmar La Tercera– ingresó escrito para que que se discuta el sobreseimiento que anteriormente se le había denegado.
TRICEL
En horas de esta tarde, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declaró admisible un recurso presentado contra Irací Hassler (PC), que busca que la exalcaldesa de Santiago no pueda ejercer cargos públicos.
La demanda fue interpuesta por seis concejales de Santiago -con militancia en RN, UDI y Republicanos- el pasado 4 de junio. Acusan a Hassler por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.
Entre los hechos denunciados están las irregularidades en la Corporación de Santiago (Cordesan), donde acusan falta de fiscalización en la transferencia de $8.762.928.000 desde el Municipio a la entidad. También la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella o las anomalías en el proceso de adquisición y entrega de tarjetas de alimentos por parte de la Municipalidad en 2024.
Además, acusan ausencias reiteradas e injustificadas a las sesiones del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el incumplimiento del deber de presidir el número mínimo de sesiones anuales, según lo establece la ley.
Ante esas presuntas faltas, solicitan un periodo de inhabilidad para cargos públicos de cinco años. La exalcaldesa intentó impedir este recurso el pasado 11 de junio, no obstante, el tribunal determinó no acoger su petición. Ahora, Hassler tiene un plazo de 10 días para responder al requerimiento de inhabilidad.(Emol)
