La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumplió este jueves 1 de octubre dos años en el poder, dando continuidad al proyecto político de la denominada Cuarta Transformación, iniciado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Su administración exhibe avances en salarios, transferencias sociales y reducción de homicidios, mientras especialistas advierten dificultades en el acceso a la información pública, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos.

En un balance publicado por Deutsche Welle (DW), el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, y el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortéz, analizaron el cumplimiento de los compromisos gubernamentales en esas materias.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo que durante dos décadas estuvo encargado de garantizar el acceso a información pública.

La entidad fue sustituida por un nuevo sistema en el que Transparencia para el Pueblo, organismo dependiente del Gobierno, atiende solicitudes dirigidas al Poder Ejecutivo federal. Los requerimientos relacionados con el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y las instituciones locales deben tramitarse ante sus respectivas autoridades.

Bohórquez sostuvo que el cambio no ha cumplido la promesa de facilitar el acceso ciudadano a la información y que, por el contrario, ha dispersado los procedimientos.

“En lugar de simplificar, se atomizó”, afirmó el especialista.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, las solicitudes de información disminuyeron desde más de un millón en 2024 a 797.022 durante 2025. Asimismo, Transparencia para el Pueblo recibió un 60% menos de recursos de revisión contra el Ejecutivo que los registrados por el extinto INAI durante sus últimos doce meses de funcionamiento.

En materia de corrupción, Bohórquez identificó un mayor protagonismo de las instituciones de seguridad en las investigaciones relacionadas con vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.

Entre las iniciativas mencionó la denominada Operación Enjambre, destinada a investigar posibles relaciones entre funcionarios públicos y grupos delictivos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esa operación ha permitido detener a más de cien funcionarios de distintas responsabilidades y afiliaciones políticas, incluidos alcaldes, exalcaldes y mandos policiales, por presuntos delitos de extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

Sin embargo, el especialista también recogió cuestionamientos sobre una posible aplicación selectiva de las investigaciones, debido a que gobernadores o exgobernadores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señalados en denuncias por presuntos vínculos criminales o corrupción, no habían enfrentado detenciones o procesos penales en los casos mencionados.

Como antecedente comparativo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad registró al menos doce gobernadores procesados durante el mandato de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018.

En el ámbito social, Edgar Cortéz reconoció avances asociados al incremento del salario mínimo y a las transferencias económicas dirigidas a personas mayores y con discapacidad.

También mencionó una reducción de los homicidios, aunque advirtió que existen diferencias respecto de la magnitud del descenso y de los factores que lo explicarían.

En su segundo informe de Gobierno, Sheinbaum aseguró que el promedio diario de homicidios había disminuido un 51% desde el inicio de su mandato.

No obstante, el centro de análisis México Evalúa sostuvo que no encontró evidencia estadística suficiente para atribuir esa reducción a los operativos federales. La organización también advirtió que, durante la última década, las desapariciones aumentaron un 127%, otros delitos contra la vida un 197% y los feminicidios un 53%.

Otro problema identificado es el desplazamiento interno provocado por la violencia. Según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre octubre de 2020 y octubre de 2025 unos 510.000 hogares registraron al menos un integrante que debió cambiar de residencia debido a la inseguridad o a hechos violentos.

En conjunto, esos hogares reunían aproximadamente 1,6 millones de personas. La medición abarca un período que incluye tanto el gobierno de López Obrador como el primer año de Sheinbaum.

La situación de las personas desaparecidas constituye otro de los principales cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con el análisis de Red Lupa, el Registro Nacional acumulaba 135.271 personas desaparecidas hasta junio de 2026, frente a unas 115.000 al comienzo de la actual administración.

Cortéz cuestionó la capacidad institucional para coordinar las investigaciones entre las autoridades federales y estatales, además de atribuir al Ejecutivo una insuficiente prioridad política frente a este problema.

El especialista también expresó preocupación por las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como por proyectos de infraestructura desarrollados sin procesos de consulta que considera adecuados para las comunidades indígenas y campesinas.

Entre las iniciativas anunciadas por Sheinbaum, destacó una futura ley general sobre feminicidios, destinada a unificar disposiciones y esfuerzos existentes en los distintos estados mexicanos. No obstante, advirtió que su efectividad dependerá de la implementación.

Ambos especialistas identificaron elementos de continuidad entre las administraciones de Sheinbaum y López Obrador.

Bohórquez mencionó particularmente el sistema de conferencias de prensa matinales, que considera eficaz como herramienta de comunicación política, pero insuficiente como mecanismo de rendición de cuentas.

También señaló que permanecen pendientes las reformas anticorrupción anunciadas por la mandataria, cuya presentación permitiría evaluar con mayor precisión los cambios respecto de la administración anterior.

Por su parte, Cortéz reconoció diferencias en el discurso presidencial hacia las organizaciones sociales, aunque sostuvo que todavía existen problemas en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos.

De esta manera, el balance de los dos primeros años de Sheinbaum reúne resultados gubernamentales en materia social y de seguridad junto con cuestionamientos de especialistas sobre transparencia, controles institucionales, desapariciones y derechos humanos, asuntos que continúan formando parte de la discusión pública mexicana. (NP-ChatGPT-DW)