El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó la séptima edición de su Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile, documento que analiza la evolución de la migración en el país y entrega antecedentes para contribuir al diseño de políticas públicas. El informe concluye que, tras varios años de fuerte crecimiento, los flujos migratorios muestran una desaceleración sostenida.
El estudio señala que la población extranjera residente en Chile aumentó desde 746.465 personas en 2017 a 1.608.650 en 2024, impulsada principalmente por la migración proveniente de Venezuela. No obstante, las proyecciones indican una moderación del crecimiento, estimándose que el saldo migratorio disminuirá desde 114.671 personas en 2024 a 75.663 hacia 2030.
El anuario muestra que la mayor concentración de población migrante continúa registrándose en la Región Metropolitana, donde reside cerca del 60% de los extranjeros que viven en el país. Le siguen las regiones de Antofagasta y Valparaíso, mientras que el mayor crecimiento proporcional durante los últimos años se observa en Maule, Biobío y O’Higgins, donde la población migrante aumentó más de un 240% entre 2017 y 2024.
Frente a este escenario, el informe plantea que el principal desafío ya no radica únicamente en responder al aumento de los flujos migratorios, sino en desarrollar políticas que favorezcan la inclusión, la integración territorial y la cohesión social. Asimismo, advierte que la expansión de la población migrante hacia nuevas regiones exige fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y comunales para garantizar el acceso a servicios y oportunidades.
La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, sostuvo que las dificultades para acceder a vivienda, empleo formal, educación y procesos de regularización incrementan los riesgos de exclusión social. A su juicio, facilitar la participación plena de las personas migrantes permite transformar la diversidad en un aporte para el desarrollo del país.
El informe también identifica importantes brechas sociales que afectan a la población migrante. Entre ellas destacan menores niveles de cotización previsional y mayores tasas de subempleo entre las mujeres, además de una elevada presencia de familias extranjeras en campamentos y un aumento sostenido de la irregularidad documental, que pasó de poco más de 10 mil personas en 2018 a cerca de 337 mil en 2023. A ello se suma la persistencia de la informalidad laboral y las dificultades para acceder de manera efectiva a distintos servicios públicos.