A pesar de que el Servicio Electoral (Servel) denunció a más de dos millones de ciudadanos (2.033.843 personas) ante los Juzgados de Policía Local por no votar en el plebiscito de salida constitucional de 2022, la cifra de personas efectivamente sancionadas con multas por la reinstauración del voto obligatorio es significativamente menor. Según una solicitud de Transparencia a la que accedió La Tercera, solo 472.195 personas han sido sancionadas hasta ahora, lo que representa apenas el 23,2% del total de denunciados por el organismo electoral.
La baja tasa de sanción se produce en un contexto de debate reciente en el Congreso Nacional sobre la regulación y el monto de estas multas, que buscan servir como un incentivo para la participación. Los datos del Servel, obtenidos mediante la recopilación de información de la Corte Suprema –que requirió a los 379 juzgados de policía local– y complementada con información particular de los mismos juzgados, se presentan como un estimativo, ya que el organismo ha encontrado dificultades con la disparidad de formatos de entrega de información por parte de los tribunales locales.
El desglose de los 472 mil sancionados muestra que la gran mayoría, 406.930 personas (86,2%), recibieron una multa que oscila entre 0,5 y 3 UTM (equivalente a un rango de $34 mil a $207 mil, aproximadamente), mientras que un 12,7% (59.908) fue sancionado sin especificación del tipo de pena, y solo un 1,1% (5.357) recibió una amonestación. En contraste, cerca de 210 mil denunciados fueron absueltos por causas justificadas, como encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, estar fuera de Chile, motivos de salud, edad o situación de discapacidad.
Adicionalmente, el proceso de ejecución de las multas enfrenta un cuello de botella importante en los juzgados de policía local. Un total de 589.568 casos se encuentra en estado de «archivo» por motivos como falta de notificación, no presentación del denunciado o citación frustrada. Otros 59.085 casos han sido sobreseídos por falta de emplazamiento o domicilio insuficiente. Magistrados han admitido que la sanción masiva se ha tornado compleja debido a la excesiva carga laboral, la falta de recursos humanos y la carencia de tecnología para gestionar y notificar a los infractores.
A pesar de que la función del Servel se limita a denunciar a los infractores, sin responsabilidad en el cumplimiento de las sanciones, la información entregada por el organismo también revela que el universo de no votantes denunciados se ha mantenido estable en las elecciones obligatorias posteriores. Si en 2022 la cifra fue de 2.033.843, en el plebiscito constitucional de 2023 bajó ligeramente a 1.896.131, y en las elecciones municipales y regionales de 2024 alcanzó 1.927.823. Como era previsible, la Región Metropolitana concentró la mayor parte de las denuncias de la última elección con un 42,3% (816.039), seguida por Valparaíso con un 10,8% y Biobío con un 7%.
