El debate de los candidatos a la primaria oficialista, transmitido por radio Duna, dejó en evidencia que todos han sido parte importante del gobierno de Gabriel Boric. Son, en los hechos, su continuidad. Y la gran pregunta que surge es: gane quien gane, ¿con quién gobernará el que gane? ¿Con qué mayorías contará para avanzar? ¿Cómo se garantizará la gobernabilidad?
Carolina Tohá hace grandes esfuerzos por aparentar que no ha sido parte de este gobierno, pero eso no es posible. Le cabe una responsabilidad ineludible por muchas de las situaciones que han ocurrido. Un político serio, si presencia lo que hemos visto en los últimos meses, no se queda callado: denuncia, se manifiesta e incluso renuncia.
Tohá fue nada menos que ministra del Interior y Seguridad Pública. Era la jefa directa del exsubsecretario Monsalve, conocía la situación y aun así lo dejaron en el cargo. Los gastos de Monsalve, hoy bajo investigación, ¿llevaron su firma o su visto bueno? Una serie de hechos de los que ella no se hace cargo. Los ciudadanos siguen pasándolo muy mal, y ella fue ministra durante dos años y medio. En materia de seguridad se hicieron cosas, sí, pero no las suficientes ni las necesarias.
Eso sí, su capacidad comunicacional ha sido magistral: lograron apropiarse del éxito de la reforma de pensiones, que en realidad fue un logro compartido con la oposición -lejos de los intereses del mismo gobierno- en especial de Chile Vamos al mantenerse el sistema de capitalización individual. Celebrar un acuerdo amplio siempre es positivo para el país, y supieron capitalizarlo bien. Pero se presentan dos alternativas: ¿son honestos los candidatos del oficialismo? ¿Realmente dejaron atrás su rechazo a la capitalización individual? ¿O seguirán insistiendo en el fin de las AFP para avanzar hacia un sistema de reparto? Jara lo ha dicho abiertamente. Los demás callan. Pero, ¿gobernarán juntos?
En ese mismo debate, los candidatos oficialistas hablaron como si nunca hubieran sido parte del gobierno. Frente a los problemas reales del país y los hechos graves que han salido a la luz, parecen ajenos. El Presidente, orgulloso de sus logros, recorre programas de televisión y radio con su indiscutible capacidad oratoria, pero no hace un mea culpa genuino. Reconocer que los octubristas ya no destruyen las calles es un avance. Los violentos viernes desaparecieron. Pero la duda es: ¿volverán a las calles si pasan a la oposición? ¿Serán una oposición que honra su nombre o una oposición de cooperación, como decía Humberto Maturana?
El Presidente hizo una comparación lamentable al enumerar las acusaciones constitucionales que impulsó su sector frente a las que ha promovido la actual oposición. Esto no es una competencia numérica. Las acusaciones deben usarse como instrumentos del Estado de Derecho por tema graves donde la situación lo merezca. Como oposición, impulsaron la más grave posible: la acusación contra el presidente Sebastián Piñera buscando destituirlo. En vez de actuar con responsabilidad frente a una crisis inédita como la pandemia, se lanzaron a desestabilizar al gobierno, afectando gravemente la gobernabilidad. Además, los retiros de fondos previsionales que promovieron generaron inflación y dañaron el mercado de capitales, haciendo imposible para muchos comprar una vivienda. En vez de trabajar en equipo, actuaron en contra. Y eso tuvo consecuencias.
Reconstruir la confianza en un país no es tarea fácil. Los responsables tienen nombre y apellido, pero no la valentía de asumirlo.
La propuesta de Constitución -cuyo rostro visible fue Carolina Tohá y que contó con el apoyo del ministro de Hacienda, Mario Marcel- era inviable fiscalmente y habría significado un desastre político, económico y social. El gobierno perdió un tiempo precioso de su mandato, y todos ellos fueron parte de esa pérdida.
Cuando se debatió el caso ProCultura, los candidatos mencionaron varios casos de corrupción -todos graves- pero omitieron uno clave: el caso Caval. Lo que ha ocurrido en los últimos meses, incluyendo la corrupción en municipalidades representa una crisis institucional de gran magnitud. Y la solución debe ser como dice el presidente, caiga quien caiga.
El intento de compra de la casa de Salvador Allende reflejó un preocupante desconocimiento de la Constitución, y una ignorancia inaceptable por parte de una senadora y una ministra, como por parte de asesores legales pagados con recursos públicos. A eso se suman los casos de Monsalve, Democracia Viva, ProCultura, las licencias médicas falsas y el caso Hermosilla: todos extremadamente graves.
En el propio Ministerio del Interior se detectaron licencias médicas falsas, como en tantas otras reparticiones del Estado. Son mucho más de 25 mil, eso es seguro. Nadie se hace cargo de estas responsabilidades. Jara, actual candidata, fue ministra del Trabajo. Este era un tema conocido y que creció en forma exponencial durante este gobierno.
Ni hablar del manejo de los incendios y de la reconstrucción de viviendas. En su última cuenta pública, el Presidente anunció que “tratarán” de cumplir la meta habitacional. ¿Y las viviendas prometidas tras los incendios?
El crecimiento del aparato estatal y el aumento del gasto fiscal ha sido la tónica, sumado a una ineficiencia inaceptable. No se trata de más Estado sino de un mejor Estado. Es fundamental modernizarlo.
Chile necesita un cambio de timón. La actual oposición debe actuar con responsabilidad y unidad, para retomar el rumbo del crecimiento y de la gobernabilidad, con equipos técnicos y políticos transversales que tengan experiencia y probidad demostrada.
No hay otro camino. (El Líbero)
Iris Boeninger
