El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, defendió la aprobación en general del proyecto que permite la reclusión domiciliaria para reos mayores de 70 años o con enfermedades terminales, aunque admitió la necesidad de aplicar correcciones profundas al texto. El parlamentario señaló que la iniciativa actual presenta definiciones “laxas” sobre las enfermedades crónicas y criticó la ausencia de un requisito de cumplimiento mínimo de la condena original, factores que buscará precisar durante la discusión de las indicaciones en el Senado.

La iniciativa, que fue despachada en su primer trámite con una estrecha mayoría de 23 votos contra 22, ha generado una fuerte controversia debido a su alcance. Según estimaciones técnicas, el proyecto beneficiaría inicialmente a cerca de 370 condenados por violaciones a los derechos humanos y a otros 365 presos por delitos de alta connotación social, incluyendo homicidios y secuestros. Galilea argumentó que el espíritu de la ley es humanitario, sosteniendo que las cárceles no cuentan con la infraestructura necesaria para funcionar como hospitales geriátricos.

Desde la oposición, la senadora Yasna Provoste (DC) calificó la medida como un intento de “excarcelación masiva” encubierta. La parlamentaria advirtió que, bajo la redacción actual, criminales como “el psicópata de Alto Hospicio” o la denominada “Quintrala” podrían acceder a beneficios carcelarios. Provoste acusó a la derecha de mantener una postura contradictoria al exigir “mano dura” contra la delincuencia mientras promueve una normativa que, a su juicio, abre las puertas a los peores delincuentes del país.

EL DEBATE POR EL ALCANCE DEL PROYECTO

El oficialismo ha alertado que, de promulgarse sin modificaciones, la ley impactaría a más de 12 mil reos a nivel nacional. En respuesta, el senador Galilea acusó a sectores de izquierda de utilizar esta polémica para desviar la atención pública del caso denominado “cable chino”. Mientras tanto, las diversas bancadas disponen de un plazo para presentar indicaciones que busquen acotar los beneficios y garantizar que la normativa cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos sin comprometer la seguridad pública.

MINISTRO CORDERO: “MORALMENTE INACEPTABLE”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, criticó duramente la moción aprobada en general por el Senado que busca permitir el cumplimiento alternativo de penas para reos por razones de edad o salud. El secretario de Estado calificó la iniciativa como “técnicamente deficiente” y “moralmente inaceptable”, argumentando que los autores del proyecto parecen desconocer la práctica judicial vigente en el país. Según la autoridad, actualmente los jueces ya otorgan beneficios en casos de enfermedades terminales o enajenación mental bajo estándares estrictos.

Cordero advirtió que el diseño de la normativa propuesta es “extremadamente amplio”, lo que terminaría beneficiando a cerca de 10.000 personas registradas con enfermedades crónicas por Gendarmería. A juicio del ministro, esto contradice directamente la agenda de seguridad impulsada en los últimos años, funcionando en la práctica como una suerte de “indulto general encubierto” bajo causales humanitarias mal formuladas.

Respecto a los condenados por crímenes de lesa humanidad, el titular de Seguridad enfatizó que cualquier beneficio debe ajustarse a los estándares del derecho internacional. En ese sentido, recordó que un factor clave es la contribución eficaz a las investigaciones y la reparación a las víctimas, condiciones que, según señaló, no se cumplen en la mayoría de estos casos. El ministro llamó a “discutir las cosas sinceramente” si el objetivo real del Congreso es abordar la situación específica de los reos de Punta Peuco.

MECANISMOS JUDICIALES Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

La crítica del Ejecutivo apunta a que el proyecto ignora los mecanismos que ya existen en el sistema procesal chileno para casos de vulnerabilidad extrema. Cordero subrayó que la falta de rigurosidad jurídica en el texto legislativo pone en riesgo la coherencia del sistema penal, al proponer una liberación masiva sin considerar la gravedad de los delitos cometidos ni la cooperación de los internos con la justicia en procesos de derechos humanos. (NP-Gemini-Emol-La Tercera)