El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), aseguró que el Presidente José Antonio Kast reconoció la falta de respaldo político y los cuestionamientos técnicos a la reforma constitucional de seguridad presentada por el Ejecutivo, por lo que optó por no perseverar en su tramitación. El parlamentario entregó estos antecedentes tras una reunión sostenida en el Palacio de Cerro Castillo, mientras trabaja junto a los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano) en una propuesta alternativa centrada en el crimen organizado, el régimen carcelario y los estados de excepción.

Araya describió el encuentro con el Mandatario como una conversación distendida y franca, en la que advirtió una mayor disposición del Gobierno al diálogo para avanzar en acuerdos legislativos sobre seguridad pública.

Según relató, Kast manifestó que comprendía las dificultades para continuar impulsando su iniciativa original, debido a la ausencia de respaldo parlamentario y a las objeciones formuladas a su contenido.

El senador sostuvo que el reciente homicidio de un carabinero debe constituir un punto de inflexión para el oficialismo y la oposición, y llamó a dejar de lado los enfrentamientos políticos que, a su juicio, no contribuyen a enfrentar el crimen organizado.

Respecto de la nueva reforma, explicó que surgió de conversaciones entre integrantes de la Comisión de Constitución, quienes coincidieron en la necesidad de presentar un texto más acotado que el propuesto inicialmente por La Moneda.

La iniciativa contempla tres materias: el tratamiento constitucional del crimen organizado, la segregación de internos de alta peligrosidad y ajustes a los mecanismos de control de los estados de excepción constitucional.

En el primer ámbito, Araya señaló que se busca otorgar al crimen organizado un tratamiento semejante al terrorismo en determinadas restricciones constitucionales.

Entre las medidas consideradas figuran mayores limitaciones para acceder a indultos y prohibiciones para que personas condenadas por estos delitos puedan ejercer cargos de elección popular.

El parlamentario argumentó que ambas formas de criminalidad representan amenazas para la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales, aunque precisó que la propuesta apunta a equiparar consecuencias jurídicas específicas.

En materia penitenciaria, el proyecto incorporaría disposiciones destinadas a fortalecer la segregación de reclusos de alta peligrosidad, recogiendo antecedentes de una iniciativa impulsada previamente por los senadores Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic.

Araya sostuvo que esta materia debiera generar coincidencias, considerando que existe preocupación transversal por las decisiones judiciales que modifican las condiciones de reclusión de internos vinculados con delitos graves.

En cuanto a los estados de excepción, explicó que la propuesta no ampliará las facultades actuales del Presidente de la República ni incorporará nuevas restricciones a los derechos fundamentales.

Tampoco modificará los plazos vigentes ni autorizará medidas intrusivas adicionales, como la interceptación de comunicaciones.

Los cambios se concentrarán en los mecanismos de supervisión parlamentaria. Según Araya, el Ejecutivo deberá informar por escrito al Congreso cada 15 días sobre la aplicación del estado de excepción y se incorporará una facultad para que el Parlamento pueda solicitar su revocación.

El senador enfatizó que la iniciativa constituye una alternativa considerablemente más limitada que la reforma presentada originalmente por el Gobierno, a la que calificó negativamente por sus problemas técnicos y políticos.

En ese contexto, llamó a los parlamentarios de centroizquierda a examinar el nuevo texto y pronunciarse sobre su contenido, en lugar de mantener las diferencias surgidas por las negociaciones con el oficialismo.

La elaboración de la propuesta ha provocado cuestionamientos entre algunos senadores opositores, especialmente respecto de la información entregada durante las conversaciones.

Araya rechazó las críticas relacionadas con una supuesta falta de comunicación con la senadora Paulina Vodanovic y aseguró que la parlamentaria estuvo informada de las reuniones realizadas.

Precisó que los cinco integrantes de la Comisión de Constitución recibieron simultáneamente, mediante WhatsApp, los documentos que se encontraban en discusión.

Agregó que Vodanovic también participó en el encuentro con el ministro de Justicia en el que se comunicó formalmente la decisión del Ejecutivo de retirar su reforma original.

El senador sostuvo que la controversia generada por este episodio es artificial y descartó que su relación política con Vodanovic esté quebrada.

Asimismo, distinguió la posición de la senadora Claudia Pascual, quien, según relató, manifestó desde un comienzo que no suscribiría la iniciativa, pero mantuvo su disposición a conocer sus contenidos.

Sobre los cuestionamientos provenientes de su propio partido, Araya expresó sorpresa por la reacción del senador Ricardo Celis, debido a que, según afirmó, el asunto había sido abordado previamente durante un almuerzo de bancada.

El legislador descartó que su permanencia en el PPD esté en discusión a raíz de estas negociaciones y señaló que la dirigencia de la colectividad le ha transmitido su interés en avanzar en una agenda de seguridad.

Finalmente, Araya se refirió a su encuentro con el ministro Arrau, con quien mantiene diferencias por una antigua controversia relacionada con denuncias sobre supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales.

El parlamentario aclaró que no se ha producido una reconciliación personal, pero indicó que ambos deben relacionarse institucionalmente en función de sus responsabilidades como ministro y presidente de la Comisión de Constitución del Senado. (NP-ChatGPT-La Tercera)