La sala del Senado respaldó en forma unánime el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias surgidas entre ambas cámaras sobre el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Ahora resta la ratificación por parte de la Cámara Baja acción que podría ocurrir en la jornada de mañana miércoles.
Recientemente, la Comisión Mixta, presidida por el senador Javier Macaya, zanjó las discrepancias legislativas y despachó el proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Con este paso, la iniciativa quedó lista para ser votada por las salas del Senado, lo que ocurrió hoy; y de la Cámara de Diputadas y Diputado, que pudiera suceder mañana miércoles. El objetivo central de la normativa es adecuar las capacidades de defensa y seguridad pública a las nuevas amenazas del siglo XXI, especialmente frente al avance del crimen organizado, la protección de la infraestructura crítica y los cambios de circunstancias y equilibrios de poder en el mundo.
El senador Macaya destacó que esta herramienta permitirá al Estado chileno contar con facultades excepcionales para la infiltración y el combate del delito, superando prejuicios históricos asociados a las labores de inteligencia, dado que adicionalmente se aprobó con la prohibición expresa del eventual espionaje político. Por su parte, el senador Iván Flores subrayó que la legislación posicionará a Chile al nivel de democracias avanzadas en materia de prevención, permitiendo que el sistema se anticipe a las redes criminales y colabore eficazmente con las policías para controlar el flagelo de la delincuencia en todas las regiones del país.
En términos de institucionalidad, el proyecto establece rigurosos mecanismos de control para garantizar el respeto al estado de derecho. El senador Kenneth Pugh explicó que cualquier medida intrusiva que requiera el uso de fuentes cerradas deberá ser autorizada por un juez de la Corte Suprema, elevando el estándar de resguardo jurídico. Además, se dispondrán controles específicos de la Contraloría General de la República para el uso de gastos reservados y una comisión especial en la Cámara de Diputados para fiscalizar las acciones de inteligencia.
Esta modernización busca diferenciar claramente la labor de inteligencia, enfocada en la búsqueda de información estratégica, de la labor de persecución penal que realiza el Ministerio Público. Al dotar a los agentes de un estatuto especial y herramientas tecnológicas actualizadas, el Estado pretende desarticular grupos que buscan la desestabilización nacional o que operan como grandes actores económicos ilícitos capaces de corromper instituciones, asegurando así una mayor eficacia en la protección de la soberanía nacional. (NP-Gemini-Senado)