El Senado rechazó este martes la propuesta que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, luego de que la votación terminara igualada con 24 votos a favor y 24 en contra. La iniciativa será ahora revisada por una comisión mixta, que deberá buscar una fórmula de consenso entre ambas cámaras.

La norma buscaba facultar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder directamente a información protegida por secreto bancario como parte de investigaciones vinculadas al crimen organizado y al seguimiento de operaciones financieras sospechosas.

El debate, que se ha extendido desde 2023, evidenció una profunda división política. Mientras los sectores de oposición defendieron la medida como una herramienta esencial para seguir la denominada “ruta del dinero” de las organizaciones criminales, parlamentarios del oficialismo y de la derecha sostuvieron que cualquier acceso a información bancaria debe contar con autorización judicial para resguardar el derecho a la vida privada.

El resultado se definió en un escenario estrecho, luego de que el senador Miguel Ángel Calisto respaldara la propuesta y la senadora Ximena Órdenes no pudiera participar en la votación debido a retrasos en su traslado hacia el Congreso, configurándose un nuevo empate que impidió su aprobación.

Tras la votación, el proyecto fue derivado a una comisión mixta que deberá constituirse en los próximos días con el objetivo de elaborar un texto de consenso que permita destrabar la tramitación legislativa.

Desde el Ejecutivo, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, manifestó la intención del Gobierno de alcanzar un acuerdo con rapidez y señaló que existe disposición para perfeccionar el mecanismo de acceso a la información bancaria sin alterar las garantías constitucionales vigentes.

El secretario de Estado afirmó que el Gobierno no se opone a revisar el régimen actual del secreto bancario, pero insistió en que toda medida intrusiva debe contar con la autorización de un juez, conforme al marco de protección de la vida privada establecido en la legislación chilena.

No obstante, reconoció que aspectos como la rapidez y la inmediatez en la obtención de antecedentes financieros constituyen desafíos relevantes en la lucha contra el crimen organizado, por lo que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar mecanismos que agilicen los procedimientos dentro del respeto a las garantías constitucionales.

Con la iniciativa calificada con urgencia suma, el Gobierno espera que la comisión mixta avance rápidamente en una propuesta que permita fortalecer las herramientas de persecución financiera sin comprometer los derechos fundamentales de las personas. (NP-ChatGPT-Emol)