El Senado estadounidense dio este jueves un paso significativo hacia la aprobación de una resolución que busca frenar las acciones militares unilaterales del presidente Donald Trump en Venezuela. La legislación, impulsada por la bancada demócrata, prohíbe el inicio de nuevas hostilidades sin la autorización explícita del Congreso. En una inusual muestra de apoyo bipartidista, la medida superó una votación procesal clave gracias al respaldo de cinco senadores republicanos, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
El senador republicano Rand Paul, uno de los copatrocinadores de la medida, criticó duramente la intervención al señalar que bombardear una capital extranjera y destituir a un mandatario es, por definición, un acto de guerra que requiere permiso legislativo según la Constitución. No obstante, otros líderes republicanos defendieron la autoridad de Trump, argumentando que la operación contra Maduro estaba legalmente justificada bajo el marco de la lucha contra el narcotráfico transnacional y la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos.
OBSTÁCULOS POLÍTICOS Y POSIBLE VETO DE LA CASA BLANCA
A pesar del avance en el Senado, la resolución enfrenta un camino complejo en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana se muestra más alineada con los intereses de la Casa Blanca. Incluso si el Congreso lograra aprobar la ley en ambas cámaras, se prevé que el presidente Donald Trump utilice su poder de veto para anularla. Históricamente, solo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 ha logrado imponer con éxito límites duraderos a la acción militar presidencial por encima de un veto ejecutivo.
En una entrevista reciente con The New York Times, el presidente Trump sugirió que Estados Unidos podría mantener la supervisión directa de Venezuela y aprovechar sus reservas de petróleo durante años. «Solo el tiempo dirá cuándo Washington abandonará dicha supervisión», afirmó el mandatario, reforzando la postura de su administración de que la intervención fue necesaria para remover a un líder calificado como «ilegítimo» por Washington y que, a su juicio, mantenía a la nación sudamericana como rehén. (NP-Gemini-Emol-AFP)
