El Senado aprobó el proyecto que tipifica y modifica las sanciones para los delitos de saqueos y barricadas, tras hacerle varios cambios a lo aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados.
De este modo se determinó que quienes corten el tránsito «mediante violencia o intimidación en las personas» podrían ser condenados desde 61 a 541 días de cárcel. Así con esto se considerarían las barricadas y actos como «el que baila pasa».
Quienes lancen a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública «instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales», podrían recibir la pena de tres años de cárcel.
Sobre este aspecto la oposición se dividió ya que seis votaron a favor: Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Jorge Pizarro (DC), Carolina Goic (DC); Ricardo Lagos Weber (PPD), Jaime Quintana (PPD).
Asimismo el proyecto que ahora pasará nuevamente a la Cámara explica cuándo se considerará «saqueo» diciendo que será cuando el delito se cometa «en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento«.
Respecto a este punto, el proyecto indica -tras los cambios hechos en el Senado- que se aumentará la pena privativa de libertad en un grado (cinco a diez años) cuando esto se cometa en el contexto de «calamidad pública o alteración del orden público».
En esta votación la oposición volvió a dividirse y todos los senadores socialistas más Juan Ignacio Latorre (RD) y los independientes Alejandro Guillier y Carlos Bianchi votaron en contra. Sin embargo la DC y el PPD se cuadró con la redacción del proyecto.
Otro punto que se aprobó esta tarde y tras la propuesta del senador José Miguel Insulza (PS), fue el de cambiarle el nombre al proyecto originalmente redactado por los diputados DC Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker y el RN Gonzalo Fuenzalida (y ahora patrocinado por el Gobierno).
«Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica», era la propuesta inicial, mientras que ahora quedó como «proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica».
SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO
El Presidente Sebastián Piñera y el ministro del interior, Gonzalo Blumel, valoraron que el Senado haya aprobado la denominada ley antisaqueos y antibarricadas, calificando el hecho como una «señal positiva», con el fin de restaurar el orden público.
«Valoro acuerdo que permitió aprobación de necesaria Ley antisaqueos, encapuchados y barricadas hoy en el Senado. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios y un compromiso con la paz que debe convocarnos a todos«, sostuvo el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, Blumel destacó que «hace varios meses venimos hablando de señales de rechazo a la violencia, de avanzar en la recuperación del orden público, pero esas señales tienen que concretarse en hechos concretos».
En ese sentido, el titular de Interior destacó que se trata de «una señal positiva, porque da cuenta que hay una voluntad de avanzar en una legislación que fortalezca el orden público (…) y que también aumente las sanciones contra quienes cometen ese tipo de delitos».
A juicio de la autoridad, con este tipo de leyes se protege a quienes buscan manifestarse de forma pacífica, destacando que se trata de un avance progresivo hacia la restauración de la seguridad pública.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) criticó a la propia oposición por permitirle avanzar al gobierno en una agenda legislativa que «criminaliza» la protesta social. Además argumentó sus dudas respecto de que acciones como las de «Las Tesis» puedan ser fuertemente reprimidas.
«Como oposición no hemos sido claros, no hemos sido enfáticos en rechazar aquellas iniciativas que pueden ser un retroceso, que pueden ser conservadoras o prestarse para la criminalización de la protesta social y que en nada ayudan a resolver los graves problemas de seguridad pública que tenemos en el país», agregó.
En esa línea, el senador Felipe Harboe (PPD) manifestó que «lo que hace este proyecto es sancionar hechos violentos. Yo descarto tajantemente que un proyecto de esta naturaleza pueda aplicarse como dijo un senador, a la performance de ‘Las Tesis’, siempre es bueno leer el proyecto».
«Se establece solamente que se sanciona a aquellas personas que interrumpen o impiden totalmente el desplazamiento de personas usando violencia o intimidación y además con objetos, no con personas, justamente para evitar situaciones que muchas veces ocurren que son legítimas de la protesta social, cuando se toman de las manos y cruzan la calle», manifestó.
Finalmente, el senador Iván Moreira (UDI), criticó al Partido Socialista (PS) por oponerse al proyecto, y expresó que tuvo «una actitud electoral para no perder el voto de la calle«, distinta a la DC y el PPD que tuvieron una «visión de país» respecto al tema.
«Lo importante es que el Estado tenga herramientas judiciales para hacerlo y esto va a tender a evitar la violencia», afirmó Moreira y destacó que quien quiera usar la violencia será sancionado drásticamente. (Emol)
