La Sala del Senado aprobó en general el proyecto que busca modificar el sistema de responsabilidad penal adolescente con el objetivo de aumentar las sanciones aplicables a menores de edad involucrados en delitos de mayor gravedad.
La iniciativa recibió 37 votos a favor y tres en contra, por lo que continuará su tramitación en particular en la Comisión de Constitución. La Mesa del Senado estableció como plazo el viernes 17 de julio para ingresar indicaciones y revisar eventuales cambios al articulado.
Los votos de rechazo fueron emitidos por la senadora Claudia Pascual (PC), la senadora Beatriz Sánchez (FA) y el senador Diego Ibáñez (FA), quienes manifestaron reparos frente a la propuesta y plantearon la necesidad de evaluar primero el funcionamiento del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Durante la discusión, Pascual señaló que existen aspectos del sistema que deben ser mejorados, pero cuestionó que la reforma avance sin contar con antecedentes suficientes sobre la implementación del nuevo modelo de reinserción. Además, sostuvo que la iniciativa no entrega una respuesta adecuada al problema de la reincidencia juvenil.
En una postura similar, Sánchez afirmó que el aumento de la participación de adolescentes en delitos violentos debe ser abordado con medidas respaldadas por evidencia. La parlamentaria advirtió que realizar modificaciones estructurales antes de evaluar los resultados del servicio recientemente implementado podría afectar la efectividad de las políticas públicas.
La senadora también llamó a evitar simplificaciones en el debate y sostuvo que la legislación debe equilibrar la aplicación de sanciones con estrategias efectivas de reinserción y prevención.
Por su parte, Ibáñez fundamentó su rechazo recogiendo los planteamientos de la Defensoría de la Niñez, organismo que ha advertido que algunas medidas en discusión podrían no cumplir los objetivos de seguridad esperados si no consideran la evidencia disponible.
Desde la Defensoría han señalado que el desafío no solo está relacionado con la duración de las sanciones, sino también con fortalecer una institucionalidad capaz de prevenir nuevos delitos y favorecer procesos efectivos de reintegración social. (NP-ChatGPT-Emol)
