El Gobierno de turno tiene esta semana como plazo final para alinear a sus parlamentarios y lograr la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca establecer multas por no concurrir a votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. A solo dos meses de los comicios, la iniciativa ha tenido una tramitación compleja, marcada por desmarques iniciales del oficialismo, postergaciones y críticas cruzadas.
El proyecto, originalmente una moción de la diputada Joanna Pérez, proponía multas de entre 0,5 y 3 UTM (aproximadamente $34 mil a $207 mil), pero fue rechazado inicialmente por el oficialismo en la Cámara por considerarlo excesivo y por no abordar el voto de los extranjeros. Tras el tropiezo, el Ejecutivo repuso la indicación en el Senado, logrando su aprobación con un rango de multa reducido a entre 0,5 y 1,5 UTM (aproximadamente $34 mil a $103 mil). El tema del voto de los extranjeros fue separado y se abordará en un proyecto de ley aparte, por lo que no regirá para 2025.
Ahora, el desafío del Gobierno es asegurar los votos necesarios en sus propias filas, tal como se comprometió con la oposición, para que el proyecto prospere en la votación final de la Cámara. La tarea se complica, ya que los parlamentarios se encuentran en trabajo distrital y en plena campaña electoral. De hecho, fue el propio Ejecutivo quien solicitó al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), aplazar la votación —inicialmente programada para el martes 16— hasta el lunes 29 de noviembre, buscando tiempo para «cuadrar la mayor cantidad de votos». Castro accedió a la solicitud, priorizando que el proyecto salga «airoso» de la votación. (NP-Gemini-Emol)
