El Presidente Kast ha enviado y seguirá enviando al Congreso una serie de proyectos de ley y de reforma constitucional que fortalecen el sistema de seguridad pública. Desde la UDI valoramos esa agenda en su conjunto liderada por el ministro Martín Arrau —de la que esta reforma constitucional forma parte— y la voluntad política de poner en el centro de la discusión pública lo que más preocupa a los chilenos: la seguridad.

Desde esa valoración, queremos aportar a la discusión desde un ámbito propositivo.

Hay elementos que destacar en el proyecto de reforma constitucional. Despejó los problemas más graves que se anunciaban en versiones anteriores. La indicación expresa de que no se pretende alterar la noción constitucional de seguridad nacional —que en nuestra Carta comprende tanto la dimensión exterior como la interior— ayuda a evitar interpretaciones forzadas que hubiesen desordenado el diseño institucional de la fuerza del Estado.

En ese mismo espíritu, y pensando en el debate que viene, quisiéramos insistir en algunas ideas generales que debieran orientar la discusión.

La primera es no afectar las Bases de la Institucionalidad ni la correcta interpretación de la noción de seguridad nacional. El Capítulo I de la Constitución contiene la “idea de derecho” que inspira e irradia el resto del articulado, por lo que conviene evitar cualquier modificación —por acotada que parezca— que pueda alterar su sentido o el de conceptos ya consolidados en nuestra tradición constitucional.

La segunda es distinguir con claridad los temas propiamente legales de los constitucionales. A la Constitución le corresponde fijar el rayado de cancha y las reglas del juego; no debe entrar a regulaciones de detalle que son materia de ley.

En este sentido, proponemos concentrar en un nuevo capítulo lo ya regulado en la Constitución sobre terrorismo y agregar ahí los aspectos centrales relacionados con el crimen organizado. Ese es el lugar adecuado para incorporar las inhabilidades aplicables a quienes formen parte de organizaciones criminales y a quienes hayan sido condenados por delitos terroristas.

La tercera es no olvidar el régimen general en esta materia. La delincuencia no se combate sola, ni principalmente, con estados de excepción: estos sirven para superar una crisis puntual, no para actuar en régimen. Cualquier herramienta excepcional que se incorpore debiera ir acompañada del fortalecimiento paralelo de la normativa permanente, de manera que las policías cuenten con atribuciones suficientes también en tiempos de normalidad.

La cuarta es no olvidar la distinción entre las Fuerzas Armadas y las policías. Su naturaleza, entrenamiento, doctrina y equipamiento son distintos, y esa diferencia responde a funciones distintas. Cargar de manera permanente a las Fuerzas Armadas con tareas de orden y seguridad interior arriesga desnaturalizarlas y debilitar las capacidades que les son propias. Si su participación resulta necesaria, debe ser transitoria e ir de la mano del fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de las policías.

Desde la UDI aportaremos en todo lo que signifique devolverles a las personas el derecho a vivir tranquilas, siempre respetando los derechos fundamentales y entendiendo la Constitución como la principal herramienta de protección de las personas frente al Estado. (El Mercurio)

Guillermo Ramírez D.

Presidente UDI

Javier Macaya D.

Senador UDI

Constanza Hube P

Eduardo Cretton R.

Diputados UDI