Hace un buen tiempo que la seguridad es la primera prioridad de los chilenos. Así lo confirman, por ejemplo, las últimas tres encuestas CEP, en que “delincuencia, asalto y robos” puntean con diferencia en los problemas a los que el Gobierno debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar. Pero no solo el Gobierno tiene algo que decir en esta materia. También las municipalidades juegan un rol, dado que tienen atribuciones de prevención social y situacional, reinserción, asistencia a víctimas y seguridad pública a nivel comunal.
En ese marco, la ley les exige elaborar el Plan Comunal de Seguridad Pública, aprobarlo por el Concejo Municipal, ejecutarlo y evaluarlo anualmente, a fin de ir actualizándolo conforme a la evidencia delictual de la comuna. Para realizar estas tareas se debe tener en consideración las observaciones del Consejo Comunal de Seguridad, órgano consultivo que las municipalidades deben constituir, que debe sesionar al menos una vez al mes, y que está encargado de recibir, ordenar y analizar los antecedentes, estadísticas y toda clase de información relativa a la seguridad pública comunal. Está presidido por el alcalde e integrado por representantes de la Delegación Presidencial; Ministerio Público; Consejo de la Sociedad Civil; Concejo Municipal; policías, y otras instituciones del Estado como Gendarmería, Sename y Senda.
Dada esta coexistencia de facultades entre el nivel central y el local, debe haber una coherencia y coordinación entre las acciones del Gobierno y de las municipalidades. Esto se aborda en el Plan Nacional de Seguridad 2022-2026 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que, por cierto, apunta al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de seguridad. En esa línea, enfatiza la necesidad de potenciar los Consejos Comunales de Seguridad Pública y la elaboración o actualización de los Planes Comunales de Seguridad Pública.
En la búsqueda de esta coherencia y coordinación, es que la ley exige a las municipalidades remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), los referidos planes y las actas de sus consejos. Ello fue justamente lo revisado por la CGR en su CIC 11, en que se evidenció que un 90% de las municipalidades no cuenta con un plan actualizado o con un consejo que sesione al menos una vez al mes. Asimismo, el Consejo para la Transparencia fiscalizó paralelamente aquello y adicionalmente si esta información era puesta a disposición de la ciudadanía o no.
En lo específico, respecto de aquellos municipios que contaban con los planes vigentes (81% del total), se analizó una muestra priorizada de 70 comunas con altos niveles de vulnerabilidad, según el Índice de Vulnerabilidad Socio-delictual de la SPD, constatándose que en el 34% de los casos los planes no estaban publicados en su portal web o eran versiones desactualizadas.
En relación con los consejos, la pesquisa del CPLT detectó que 108 municipalidades (31% del total) no informan de su existencia dentro de sus mecanismos de participación ciudadana, según exige la normativa aplicable. Adicionalmente, se constató que 253 municipios (73% del total) no publican las actas correspondientes a las sesiones de estos consejos. Ello, pese a que publicarlas constituye una buena práctica en transparencia activa, que permite a las personas de la comuna conocer los temas tratados, los acuerdos adoptados y la frecuencia de funcionamiento de estos espacios.
Cuando algo es prioridad, no solo se le da preeminencia en el discurso, sino también en la ejecución. Esa coherencia queda lamentablemente en entredicho a partir de estos resultados y los evidenciados por la Contraloría. Al mismo tiempo, y para que los vecinos puedan escrutar el rol de las autoridades locales en la materia, es imprescindible que se cumpla con las obligaciones de transparencia y de flujo de información a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que la ley exige. No hacerlo dificulta la acción del gobierno central y de la sociedad civil en la materia, perjudicándose el objetivo central: el combate a la delincuencia.
Natalia González B.
Presidenta del Consejo para la Transparencia
