Chile atraviesa una grave crisis de seguridad pública y ciudadana que ha pasado de ser una percepción para convertirse en una dramática realidad social: entre el 85% y el 90% de la población declara sentir temor de ser víctima de un delito, miedo que fuerza a cambiar nuestros hábitos de vida cotidianos. Hemos pasado, en pocos años, de vivir en comunidad, barrios y plazas a recluirnos en nuestras casas tras rejas y alarmas limitando nuestras más esenciales libertades frente al avance del delito. Ante este escenario, si bien se requieren efectivas políticas de Estado de mediano y largo plazo, la urgencia ciudadana exige un “shock de gestión” inmediato.
Pocos asuntos públicos generan un consenso ciudadano tan amplio como hacer segura nuestra vida social y personal: el Gobierno recién electo tiene un fuerte respaldo inicial, una promesa y compromiso de campaña; además de altas expectativas ciudadanas, probablemente también tendrá poco tiempo antes de ser evaluado y enjuiciado en seguridad. Reorientar labores policiales, focalizar, evaluar rendimientos y resultados serán tareas de la primera hora.
El próximo desafío gubernamental no admite diagnósticos lentos, sino una modernización administrativa sustantiva y urgente de Carabineros de Chile y los cuerpos policiales. El objetivo es claro: recuperar la presencia territorial y la eficacia operativa mediante cuatro pilares fundamentales de ejecución inmediata.
En primer lugar, es imperativo liberar a nuestras policías del lastre y carga administrativa. Hoy, miles de efectivos formados y habilitados para la persecución criminal destinan toda o parte de su jornada a tareas de oficina o funciones que no guardan relación directa con el combate al delito. Debemos eliminar de sus cometidos institucionales labores de “ministro de fe”, de dirección del tránsito, de policía fronteriza y tareas de protección civil. Estas funciones pueden y deben ser asumidas por organismos civiles o especializados, permitiendo que el personal operativo retorne a su esencia: la prevención y la persecución criminal.
En segundo lugar, debemos profesionalizar la gestión del recurso humano. Chile cuenta con una planta institucional de 63 mil carabineros aproximadamente, pero la sensación de abandono en los barrios sugiere que la distribución es ineficiente. Una medida de corto plazo efectiva es el llamado masivo al servicio de personal en retiro para que asuman labores administrativas y de apoyo remanentes, permitiendo que cada carabinero activo esté donde más se le necesita: en la vía pública y en la persecución y prevención criminal. Además de la revisión del sistema de turnos optimizando la función operativa.
En tercer lugar, la respuesta a la emergencia debe ser garantizada a cada uno de los ciudadanos. El actual sistema de llamado al 133 ha colapsado bajo la fuerte demanda y la ineficiencia técnica. Proponemos la implementación de un nuevo sistema de respuesta inmediata con fuerte apoyo de inteligencia artificial, que reemplace o supere la actual plataforma, asegurando en el corto plazo que cada llamada sea contestada y/o se derive en una gestión de seguridad real.
No puede haber más “llamados perdidos” cuando lo que está en juego es la integridad de una persona y/o familia; el mínimo deber del Estado es responder. Esto debe ir de la mano con una mejora drástica en la capacidad de llegada a tiempo al sitio del suceso por parte de Carabineros; la eficiencia policial se mide en minutos y segundos.
Finalmente, la modernización pasa por la rendición de cuentas y la medición de gestión. No basta con desplegar fuerzas; necesitamos métricas claras de desempeño para cada unidad. Lo que no se mide, no mejora, y la ciudadanía merece saber que cada recurso invertido se traduce en una disminución real del delito y, sobre todo, del temor.
El país no puede seguir esperando una reforma estructural que tarde años o décadas. Chile requiere un shock de actividad policial activa. El futuro Gobierno tiene la oportunidad –y la obligación de devolverles– la ciudad a los ciudadanos, el barrio a los vecinos, las plazas y parques a todos, transformando una institución centenaria, querida y respetada por los chilenos, hoy sobrepasada por la burocracia, en una fuerza ágil, moderna y volcada íntegramente a la protección de las personas y familias y a la prevención y persecución del delito. (El Mostrador)
Ernesto Barros
