Secuestros suben 77%: detenidos extranjeros superan a los chilenos

El 6 de noviembre del 2022, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) realizó un operativo simultáneo en ocho inmuebles de la Región Metropolitana y uno en la Región de Valparaíso para detener una banda dedicada a realizar secuestros. Una de las víctimas de esta agrupación fue un comerciante de origen chino que fue secuestrado en Estación Central. Él formaba parte de las cinco víctimas de esta agrupación.

Este caso es uno de los 46 secuestros que la PDI contabilizó durante el 2022, lo que refleja un incremento del 76,9% respecto al año anterior, cuando hubo 26 situaciones de este tipo (ver infografía).

El subprefecto y jefe de la BIPE Metropolitana, Hessel Barrientos, asegura que el 2022 fue un año ”bastante especial en lo que a este delito se refiere. Vimos un aumento significativo en comparación a años anteriores, aparte de la variación en la dinámica delictual por estas bandas criminales, que también en su mayoría estaba compuesta por ciudadanos extranjeros, según el trabajo que se logró realizar con las nuevas estrategias que asumimos por el fenómeno al que nos vimos enfrentados”.

En esa línea, Barrientos explica que el alza en los casos de este tipo de delitos está relacionado “con el aumento en la migración ilegal, en el ingreso de ciudadanos extranjeros de forma clandestina, y que están ligados a bandas criminales que desarrollan distintos tipos de delitos”.

Aquello se refleja, según las cifras de la policía, en que por primera vez el número de detenidos extranjeros superó al de los chilenos arrestados.

Durante el 2022, 23 chilenos fueron detenidos como autores de un delito de secuestro, mientras que los extranjeros llegaron a 53 detenidos, de los cuales 44 corresponden a nacionalidad venezolana, y el resto, a colombianos.

Pero no sólo el número de secuestros concretados aumentó, pues también crecieron los denominados “falsos secuestros”; es decir, situaciones en las que jamás existió un hecho real. En 2021 se registraron 37 casos, mientras que esa cifra asciende a 59 el año pasado.

Barrientos explica que hay casos que comienzan como secuestro, pero que luego son calificados como otros delitos. Así como también algunos en los que se dice que está la persona retenida, pero en realidad aquello nunca ha ocurrido; todo esto, con el fin de generar una extorsión y obtener dinero, algo que la policía califica como un “secuestro virtual”.

“También están las amenazas condicionadas, esos llamados telefónicos donde los sujetos solicitan dinero a cambio de no ser secuestrado o de no provocar daño a un recinto comercial. Todos esos delitos se suman a este fenómeno delictual que ha ocurrido este 2022″, agrega Barrientos.

A juicio del oficial, desde finales de 2021 hubo un punto de quiebre respecto a los secuestros. Desde entonces, el incremento en las cifras ha forzado a los investigadores a adoptar nuevas modalidades investigativas ante los cambios en las características de estos hechos. Aquello les ha permitido, asegura, desbaratar al menos a nueve bandas relacionadas a este tipo de delito.

Considerando el aumento de este fenómeno criminológico, la Municipalidad de Lo Barnechea decidió que realizará un curso de certificación internacional respecto al secuestro para 28 funcionarios. La iniciativa se desarrollará desde finales de enero y se extenderá hasta abril.

La capacitación estará a cargo de la Asociación Colombiana de Criminología. En el curso participarán profesionales de la municipalidad de diferentes ámbitos, como la sicología, ciencias de policía, el derecho, el trabajo social, la pedagogía y funcionarios de Lo Barnechea Seguridad, quienes adquirirán conocimientos y herramientas sobre el delito de secuestro y su intervención integral.

Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea asegura que, en el contexto del aumento de este delito, “hemos tomando contacto con Colombia para que nuestros equipos de seguridad reciban una capacitación con profesionales del más alto nivel internacional. No queremos que ocurra este tipo de delitos, pero si ocurre, queremos darles las garantías a nuestros vecinos que nuestros sicólogos, abogados y patrulleros estarán entrenados y capacitados para enfrentar este grave delito.”

Por su parte, Luz Stella Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Criminología, asegura que este curso busca “generar nuevos conocimientos y competencias sobre el fenómeno del secuestro y su intervención integral. Lamentablemente, como Colombia llevamos más de dos décadas enfrentándonos al flagelo del secuestro, y nos ha permitido que tengamos el andamiaje no sólo del conocimiento de la experiencia, sino también de las políticas que funcionaron y las que no para la intervención del secuestro”.

Finalmente, la profesional asegura que esta iniciativa será dirigida por diversos profesionales con experiencia académica respecto a los secuestros. “Mucho de este trabajo apunta a que todos los funcionarios puedan estar preparados para atender este fenómeno, que es muy particular”, advierte.

ALERTA DE LA PDI AL CONGRESO

Una alerta sobre la mayor participación de extranjeros en diversos delitos en el país como el secuestro y el homicidio, además de la instalación de “carteles” de droga en el valle del Limari y el Choapa, entregó ante el Congreso este lunes personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la institución, prefecto general Luis Silva y el Jefe Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Paulo Contreras concurrieron hasta la Comisión Macrozona Norte de la Cámara de Diputados para entregar más detalles de la situación migratoria y del crimen organizado que afecta al norte del país.

En ese sentido el primero que tomó la palabra fue Silva quien explicó ante los parlamentarios que “uno ha visto una prevalencia o participación mucho más importante de ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana en la participación de ilícitos” y ahondó en relación a que “uno de los delitos que tiene mayor importancia, que es el homicidio, se ha visto una mayor participación y prevalencia de ciudadanos extranjeros”.

En ese sentido y sobre el control específico de las fronteras, Silva detalló que con el gobierno se ha trabajado en establecer “nuevos puntos de control con capacidades de habitabilidad y de cámaras termales que se están facilitando y comprando para el Ejército. Y una segunda línea de control compuesta por Carabineros y PDI”.

“Hoy justamente en la mañana tuvimos una reunión, la de los lunes en la mañana (con el subsecretario Manuel Monsalve), y nos pedía establecer nuevos puntos de control que la policía pudiera registrar que fueran importantes en términos, por ejemplo, de la trata de personas”, indicó el detective.

En esa línea el subdirector de Inteligencia de la policía civil explicó ante los diputados que “un delito que ha llamado la atención en el último tiempo, como el caso del marino en Ecuador, uno puede ver que ese tipo de delito ocurrió en el año pasado con más prevalencia que en años anteriores, secuestros verdaderos y falsos, entonces sobre eso hay que tomar medidas anticipadamente para que no se venga a instalar la industria del secuestro”.

“En los últimos años lo que había venido pasando es que eran secuestros relacionados con organizaciones criminales, es decir, traficantes que secuestraban a traficantes (…) eso ha ido mutando y hay un aumento el año pasado de secuestros reales, pero siguen en relación a grupos de determinadas nacionalidades o en relación a un delito en particular. Y en ese sentido así se mueven”, agregó el prefecto general.

Por su parte, el jefe Antinarcóticos dio cuenta de que “la mayoría de los casos se da entre agrupaciones criminales de origen venezolanas, bandas que están dedicadas a esto y que partieron secuestrando a sus connacionales por efectos de extorsión, pero ya tenemos casos que están secuestrando a pequeños comerciantes, principalmente detallistas del comercio menor de Santiago y algunas regiones, por el flujo de caja que tienen, de dinero inmediato. Son montos no millonarios los que exigen y están relacionados a ala capacidad que tienen de entregarlo rápidamente”.

Respecto a la elaboración y tráfico de drogas, Paulo Contreras explicó que debido al cierre de fronteras producto de la pandemia, detectaron un incremento de producción a nivel local, principalmente en las zonas relativas a los valles del Limarí y Choapa.

“Hoy tenemos una zona bastante amplia que prácticamente va desde el valle del Limarí hasta el valle del Choapa, con cultivos grandes. En el 2022 nosotros tuvimos 579 kilos de cannabis procesada en ese sector y hoy llevamos 1.275 kilos, en igual fecha, hay una variación de 120% en estas dos semanas que llevamos del año”, comenzó diciendo.

El detective en esa línea confirmó que “afectó que el cierre de la frontera disparó la capacidad interna de producción, porque la demanda no bajó, la oferta bajó, porque no existía la oferta de transitar (…) Entonces, el traficante natural, el propio de Chile, empezó nuevamente a incrementar con fuerza”.

Y en esa línea reveló ante los parlamentarios un dato poco conocido: “La última información que tenemos es que un cuidador solamente de tres meses que esté al interior de la plantación vigilándola recibe percibe 10 millones de pesos, por los tres meses. Entonces ese potencial es muy alto y está acá y eso nos tiene preocupados”.

“Porque incluso un par de años atrás fuimos objeto de un copamiento territorial armado, encerraron un vehículo nuestro y lo quemaron, nuestro personal casi falleció en el servicio”, explicó.

Y cerró con que “teníamos la mirada de que creer que eran simples narcotraficantes cultivadores de marihuana, pero resulta que cuando usted tiene una organización que además del cultivo cosecha, traslada y comercializa, está en lo que se define un cartel”. (La Tercera)