“Queremos buscar una solución, pero hay mucha angustia de funcionarios que se sienten amenazados”.
Las palabras son de José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Pero no son de los últimos días, a raíz del escándalo por los 25 mil funcionarios públicos que salieron de Chile mientras estaban con licencia médica, sino de octubre de 2020, cuando el país asistía a otra controversia sobre trabajadores estatales: en plena pandemia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que 37.100 de ellos habían cobrado el bono clase media —aporte de $500 mil que el gobierno del presidente Sebastián Piñera dispuso para quienes habían perdido sus empleos o sufrido una reducción de sus ingresos por los estragos del covid-10 en la economía nacional— sin cumplir los requisitos para ello.
Tal como acontece hoy, las reacciones de hace cinco años se enfocaron en el anuncio de sumarios administrativos y en la apertura de una investigación penal por parte de la fiscalía.
En ese marco, el SII habilitó mecanismos para que los involucrados devolvieran el dinero. Muchos lo hicieron rápido ante la expectativa de ser indagados por la fiscalía, pero hasta ahora no ha sido posible conocer públicamente el resultado de los sumarios.
Tal como ocurre ahora con los funcionarios públicos que viajaron al exterior cuando tenían licencias médicas, en 2020 hubo gran controversia y se anunciaron masivas investigaciones administrativas luego de que en pandemia, cobraron el beneficio sin reunir requisitos.
En tanto, continúan renuncias de funcionarios luego de que el gerente corporativo de Personas de Metro y 21 funcionarios de Codelco se sumasen a desvinculaciones por cuestionados viajes. “Cuando un médico emite una licencia, lo que hace es firmar un cheque que paga otro. Y el uso fraudulento tiene que ser perseguido”, dice exsuperintendente de Salud.
Polémica que alcanza al Poder Judicial: institución cifra en 125 mil las licencias a investigar en los últimos cinco años y comienza gestiones con la PDI para cotejar salidas de funcionarios del país.
“Ritual ante crisis institucionales” y “falta de voluntad política”: los factores que dificultan la eficiencia de sumarios.
Exautoriades evidencian problemas en la asignación y la eficacia de fiscales, lo que repercute en el tiempo que toma el conseguir que estos procesos lleguen a su fin, ya sea estableciendo sanciones o sobreseyendo. «En la práctica, los sumarios corren el riesgo de ser un mero anuncio para que parezca que se está haciendo algo, aunque no haya pretensión de eficacia real en el control o corrección», dice Juan Ignacio Piña, exministro de Justicia. Por su parte, Sergio Urrejola, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, señala que «(El fiscal a cargo) deja pasar el tiempo, pensando que el tiempo va a solucionarlo y que se va a olvidar (…). Si la gente fuera eficiente y se preocupara del sumario, en poco tiempo lo tendría». (El Mercurio)
