No es casualidad que en materia de delincuencia el 2015 será recordado como el año en que aumentó al límite el temor ciudadano frente a este flagelo, encabezado por el tristemente célebre “portonazo”. En estos dos últimos años se ha alcanzado el peak histórico de robos violentos desde el año 2000 y es una realidad que el Gobierno no puede desoír.
Las víctimas de este aumento en la violencia están en comunas de diversos perfiles socioeconómicoS. En efecto, entre enero y septiembre de 2014 y 2015, estos delitos aumentaron significativamente en 18 de las 34 comunas del Gran Santiago y las mayores alzas se registran en zonas que representan diversas realidades. Están las del sector oriente de la capital: Lo Barnechea (43,1%), Vitacura (41,9%) y Las Condes (29,9%); pero también La Cisterna (34,9%), Lo Prado (29,9%), Independencia (29,5%) y Macul (25,8%). Según la última Adimark, la falta de gestión gubernamental ha llevado a que 9 de cada 10 chilenos rechacen la forma en que el Ejecutivo está conduciendo el combate delictivo.
Como en otros temas de alta prioridad ciudadana -la delincuencia es el primero-, la administración de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría (NM) han fallado rotundamente, desechando gran parte del trabajo que se venía haciendo y careciendo del liderazgo necesario para afrontar esta tarea.
Un ejemplo claro ha sido la agenda antidelincuencia y, dentro de ella, uno de los temas que constituye una poderosa señal de actitud. El gobierno del Presidente Piñera presentó un proyecto al Congreso para establecer el control de identidad preventivo, con el convencimiento de que se requería dar mayores atribuciones a Carabineros. Sin embargo, dicha iniciativa fue objeto de beligerantes críticas y fue rechazado rotundamente por los senadores de la NM. Una vez en el poder, se dieron cuenta de que éste era un paso necesario y patrocinaron una indicación de diputados de ChileVamos. Dicho proyecto sigue hoy entrampado en el Parlamento por las profundas divergencias en el propio oficialismo. No será esta sola medida la que reduzca la delincuencia pero es indispensable y urgente tenerla, como lo señalan nuestras policías. Hay que aprobarla ya.
Pero la falta de liderazgo no es solo legislativa. Existe coincidencia entre los expertos en delincuencia que una iniciativa clave es el Banco Unificado de Datos (BUD), plataforma que permitirá a policías, fiscales y jueces tener acceso en línea al número de delitos, detenciones y condenas de infractores de ley. Al parecer, la premura solo ha sido para promover las reformas comprometidas en la campaña. En enero de 2014, durante la administración anterior, este sistema quedó en condiciones de iniciar su marcha blanca analítica y muy avanzada su aplicación operativa. La Presidenta lo anunció hace un año y el subsecretario de Prevención del Delito comprometió su inicio el segundo semestre del año pasado, y hace pocos días la ministra de Justicia postergó su aplicación al primer semestre de este año. Esperemos que la tercera sea la vencida y que finalmente pueda ver la luz.
Las víctimas de la delincuencia no pueden seguir esperando.
