La izquierda parece obsesionada en la impunidad de Jorge Mateluna. No una, sino tres veces han intentado indultarlo. Recibió su primer indulto en 2004, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos. Una vez libre, asaltó un banco y fue condenado a 16 años de presidio. Convencidos de su inocencia, un grupo de activistas montó la campaña “Mateluna inocente”, que incluyó una columna del propio Gabriel Boric.
El guion era idéntico al que escuchamos hoy: “Irregularidades graves que convierten al caso de Jorge Mateluna en un ejemplo emblemático de mal funcionamiento de nuestro sistema policial, fiscal y judicial”, decía en 2017 el futuro Presidente. Y ese mismo año, en la Comisión de DDHH de la Cámara, el entonces diputado dijo “si ganamos, les aseguro que Jorge sale inmediatamente”.
El segundo indulto, con Bachelet, habría visto la luz si el entonces ministro de Justicia no se hubiera opuesto a los deseos de La Moneda. Pero ahora, contumaz en su convicción, Boric consuma el indulto anhelado. Para ser un activista antisistema, Mateluna tiene bastantes santos en la corte.
La explicación del Presidente agrava la falta. Indicó tener “la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”. Agregó que esta es “la opinión de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso”. Y aseguró tener “la plena convicción de la inocencia de Jorge”. Nótese el amistoso uso del nombre de pila.
Es decir que ni el juez de garantía, ni ninguno de los tres miembros del Tribunal Oral en lo Penal, ni el fiscal de la causa, son juristas “serios”. Es decir, los ministros de la Corte Suprema que rechazaron los recursos y confirmaron el fallo, pasando por alto las supuestas irregularidades de la causa, se hicieron cómplices de una injusticia manifiesta. Es decir, la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de “Jorge” no reside en los tribunales de justicia, sino en el Palacio de la Moneda, donde “habita el cargo” un Presidente que conoce mejor el derecho que todos los jueces, y que cuenta con la facultad de corregirles los fallos, porque, suponemos, se cree más imparcial que ninguno de ellos.
El chiste se cuenta solo.
Pero la verdadera injusticia no ha ocurrido en los tribunales. La verdadera injusticia es que, de los cientos y miles de delincuentes que asolan el país, sólo algunos reciben favores de La Moneda. ¿Cuáles? Aquellos que comulgan con el ideario revolucionario de los gobernantes, inútilmente maquillado de impostado republicanismo.
Para favorecer a sus adherentes, el Presidente Boric invade las atribuciones de los tribunales, contraviene los fundamentos de sus decisiones y hace graves acusaciones contra sus integrantes, todo basado en una “convicción personal” teñida de simpatía política.
¿Qué más da el daño atestado a la independencia judicial, al trabajo del Ministerio Público o la transgresión de los más rudimentarios principios de justicia? ¿Qué importan el orden público y la igualdad ante la ley? Con tal de beneficiar a los propios, Boric ha pisoteado las instituciones de la República. (DF)
José Miguel Aldunate
