El Comité de Agua Potable Rural (Capra) de San Pedro de Atacama interpuso una acción judicial ante la Corte de Apelaciones contra la diputada Marcela Hernando (PR), tras un presunto ingreso no autorizado a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de la localidad. El recurso de protección acusa a la parlamentaria de realizar actos ilegales y arbitrarios al acceder a zonas de operación crítica el pasado 31 de marzo, captando registros audiovisuales sin el permiso de la administración y desoyendo las solicitudes del personal para retirarse del recinto.
La controversia escaló luego de que la legisladora difundiera en sus redes sociales un video denunciando malos olores, plagas y desbordes de aguas servidas que afectarían a los vecinos de los Ayllus cercanos. Desde Capra sostienen que dichas publicaciones carecen de base técnica y verificación, además de vulnerar los protocolos de seguridad industrial de la planta. Por ello, el abogado patrocinante Luis Fernando Díaz Muñoz solicitó una orden de no innovar para suspender la circulación del contenido y exigir la eliminación inmediata de todo material gráfico obtenido en el lugar.
Por su parte, la diputada Hernando defendió su actuar argumentando que su labor parlamentaria consiste en fiscalizar en terreno y representar las demandas de la ciudadanía. La legisladora aseguró que familias del sector viven en condiciones indignas hace años debido a que la planta ha sido superada por el crecimiento poblacional y el flujo turístico. “Las denuncias no se responden con recursos judiciales, se responden con soluciones concretas”, enfatizó la representante del Partido Radical ante los cuestionamientos de la administración.
El tribunal deberá resolver ahora sobre las medidas de rectificación pública solicitadas por el comité, que busca impedir nuevas publicaciones relacionadas con sus instalaciones sin previa verificación legal. Mientras tanto, el conflicto mantiene enfrentada la facultad de fiscalización de los parlamentarios con el derecho de propiedad y los reglamentos de seguridad de los servicios de utilidad pública en zonas rurales, en un contexto de creciente tensión por el manejo de recursos hídricos y sanitarios en el norte del país. (NP-Gemini-La Tercera)