El sistema de admisión, mal conocido como “tómbola”, fue una de las reformas más relevantes y emblemáticas del segundo gobierno de Bachelet. A diferencia de la prohibición del copago y del lucro, o de la gratuidad universal, el sistema de admisión generó una resistencia férrea de la oposición, que defendió hasta las últimas instancias la autonomía de los establecimientos y la libertad de enseñanza. Sin embargo, no tenía los votos. Posteriormente, durante el segundo gobierno de Piñera, se ensayaron proyectos de ley que proponían moderar los efectos del SAE, introduciendo elementos de reconocimiento del mérito académico. Tampoco se tenían los votos. Dichas iniciativas fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, sin que se permitiera discusión.
Por eso fue una sorpresa cuando la Cámara de Diputados aprobó, durante la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2025, una indicación que dejaba sin recursos y suspendía el funcionamiento del Sistema de Admisión Escolar para la admisión 2026.
La aplicación del sistema por varios años había dejado ver algunas dificultades que sus impulsores se negaron a abordar. En primer lugar, su radicalidad hace que el mérito académico no sea considerado en absoluto como criterio de admisión, lo que no fue bien recibido por las familias que confían en una trayectoria de esfuerzo como garantía de acceso a colegios de su preferencia. Lo que ocurrió, tal como se previó en su momento, es que el igualitarismo, como siempre, castiga a los mejores. En segundo lugar, los supuestos efectos virtuosos del SAE -el combate a la pronunciada segregación del sistema escolar- nunca ocurrieron. Todo cambió para que todo siguiera más o menos igual. Finalmente, el SAE, que es un sistema estatal y centralizado, y, por lo tanto, rígido, unívoco, desconfiado y miope, destruyó la discrecionalidad, la autonomía y la capacidad de los directores de tomar decisiones en su admisión. Como suele suceder, la burocracia convierte problemas simples en laberintos sin salida. Fue este conjunto de elementos lo que llevó a la Cámara de Diputados a suspenderlo, y posteriormente al Senado a llegar a un acuerdo con el gobierno para tramitar algunas mociones parlamentarias que permitirían abordar, al menos en parte, estas dificultades.
Tras meses de trabajo, la Comisión de Educación del Senado, con mayoría de oposición, despachó un acuerdo, construido con el gobierno. Este arreglo amplía el porcentaje de selección por desempeño académico para liceos denominados de alta exigencia, pero los requisitos para que los colegios puedan acceder se mantienen. Eso hace que este cambio sea letra muerta. Hoy solo cuatro colegios usan esta excepción. Además, el llamado “mérito académico” es en realidad una mezcla de asistencia, convivencia y resultados, lo que diluye fuertemente su efectividad. ¿Cómo se medirán estos elementos? Este es, entonces, un mal acuerdo, pues sigue la lógica de que la selección sea una excepción reservada y excluyente. Muy probablemente no tendrá el efecto que los senadores y el gobierno prevén.
El acuerdo aprobado también da la posibilidad a todos los establecimientos para incorporar hasta seis criterios de admisión en un catálogo de diez, una vez aplicados tres criterios básicos. Esto es un error por dos razones: primero, da la apariencia de flexibilidad, pero en realidad, solo entrega un espacio marginal a los colegios para elegir entre criterios ya establecidos por el SAE.
Pero más allá de los detalles y parámetros, lo que al final del día hace de esto un mal acuerdo es que la lógica del SAE se mantiene intacta. A pesar de tener la mayoría, en la Comisión hizo falta claridad para ver que lo que se requería era dar un espacio de decisión real, flexible y autónoma los colegios, de forma de poder determinar al menos una parte (se ha propuesto hasta un 30%) de sus procesos de admisión, sin intervención estatal. Lo que se negoció, con votos de la oposición, finalmente fue un poco más de espacio, pero la jaula se mantiene. (El Líbero)
Daniel Rodríguez
