Los diputados de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper, Eduardo Durán, Daniel Valenzuela y Juan Carlos Beltrán presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el procedimiento de interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. La iniciativa propone que ambos secretarios de Estado puedan responder por escrito las preguntas formuladas por la Cámara de Diputados, sin la obligación de comparecer personalmente ante la Sala.

La propuesta, denominada por sus autores “Ley de interpelación responsable”, fue presentada después de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna y tiene como objetivo declarado establecer mecanismos especiales de fiscalización cuando se aborden materias vinculadas a la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales.

El proyecto mantiene la atribución fiscalizadora de la Cámara y el requisito constitucional de que una interpelación sea solicitada por al menos un tercio de los diputados en ejercicio.

Sin embargo, establece una excepción para los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa, quienes recibirían las preguntas por escrito y dispondrían de un plazo máximo de 15 días para responderlas mediante el mismo procedimiento.

La reforma también contempla que las respectivas comisiones parlamentarias puedan solicitar la comparecencia personal de un ministro, siempre que exista acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes.

En esos casos, si el secretario de Estado considera que la publicidad de la sesión puede comprometer la seguridad o el interés nacional, la comparecencia podría desarrollarse con carácter secreto.

El jefe de bancada RN, Diego Schalper, sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de establecer resguardos adicionales para el tratamiento de información relacionada con asuntos estratégicos del país.

“Lamentablemente, la irresponsabilidad que hemos visto de exponer a un canciller a dar respuestas públicas de materias que comprometen el interés nacional, obligan a considerar mecanismos extraordinarios”, afirmó.

Schalper también cuestionó la actuación de la oposición durante la reciente interpelación al ministro Pérez Mackenna y señaló que ese episodio, a su juicio, demuestra la necesidad de revisar el procedimiento vigente.

Por su parte, el diputado Daniel Valenzuela, integrante de la Comisión de Defensa, argumentó que determinadas materias requieren condiciones especiales de confidencialidad.

“Cuando hablamos de defensa y seguridad nacional estamos hablando de materias que muchas veces contienen información sensible y estratégica para Chile”, explicó.

El parlamentario sostuvo que la fiscalización legislativa debe compatibilizarse con la protección de antecedentes cuya divulgación pueda afectar la seguridad, la soberanía o los intereses permanentes del Estado.

En tanto, el subjefe de bancada RN, Eduardo Durán, aseguró que el proyecto conserva las atribuciones fiscalizadoras de los diputados y establece obligaciones concretas para que los ministros entreguen respuestas dentro de plazos determinados.

“Esta propuesta no elimina ni debilita la facultad fiscalizadora de la Cámara. Todo lo contrario: mantiene la interpelación y establece un mecanismo concreto para que los ministros respondan las preguntas de los diputados, con plazos y por escrito”, señaló.

Durán destacó, además, que las comisiones conservarían la posibilidad de requerir la presencia de los secretarios de Estado cuando sus integrantes lo consideren necesario.

El diputado Juan Carlos Beltrán, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, planteó que el procedimiento actual puede generar dificultades cuando se discuten negociaciones internacionales, asuntos de soberanía o relaciones con países vecinos.

“La política exterior no puede quedar sometida a la lógica de la disputa política del día a día. Cuando están en juego nuestra soberanía, las relaciones con países vecinos o negociaciones internacionales, Chile necesita actuar con sentido de Estado”, manifestó.

Beltrán agregó que la iniciativa pretende evitar que respuestas entregadas durante una sesión pública puedan afectar la posición negociadora del país.

La propuesta deberá iniciar su tramitación legislativa en el Congreso. Por tratarse de una reforma constitucional, su eventual aprobación requiere cumplir los quórums y procedimientos establecidos para modificar la Carta Fundamental. (NP-ChatGPT-LaTercera)