La reforma de pensiones aprobada en enero de este año se encuentra en pleno proceso de implementación, una tarea que será compleja por la magnitud de los cambios que involucra. El proyecto se puede analizar desde distintas dimensiones más allá de su impacto en las pensiones de las personas, sus efectos en el ahorro del país, en la competencia de la industria y en sus consecuencias fiscales, entre otros. En este contexto, hacia el final de la tramitación del proyecto de ley, el Congreso solicitó una opinión al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre los potenciales efectos fiscales de la iniciativa.
El Consejo identificó once riesgos y propuso medidas de mitigación para cada uno de ellos. Estas recomendaciones implicaron cambios en el proyecto de ley y compromisos del Ejecutivo que el CFA evaluó y calificó en un informe recientemente publicado. Vale la pena recordar que el rol del CFA es emitir recomendaciones de carácter técnico, consultivo, no vinculante, y que su mandato se circunscribe a la evaluación de las implicancias fiscales de las reformas, sin emitir juicios sobre el mérito de estas.
El resultado de la evaluación hecha por el Consejo es positivo, porque de las once propuestas de mitigación de riesgo realizadas, nueve fueron total o parcialmente acogidas, una no fue acogida y una está en evaluación. Sin embargo, no todos los riesgos identificados tienen la misma relevancia desde el punto de vista fiscal. En efecto, las medidas de mitigación para los dos riesgos más relevantes fueron parcialmente acogidas por el Ejecutivo. En primer lugar, no se acogió completamente la recomendación respecto del riesgo asociado a las fuentes de financiamiento del mayor gasto fiscal del proyecto, que se obtendrán de la Ley de Cumplimiento Tributario. Como existe incertidumbre respecto de la recaudación de esta Ley, el Consejo recomendó mayor cautela al momento de comprometer gastos, para lo cual propuso gatillos automáticos en la medida que los recursos sean obtenidos.
Tampoco fue acogida la recomendación respecto del riesgo fiscal relacionado con el perímetro de las reglas fiscales (el Gobierno Central) a raíz de la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) fuera de dicho ámbito. A juicio del Consejo, los riesgos no cubiertos, o no adecuadamente cubiertos, siguen requiriendo medidas de mitigación, ya sea las propuestas por el CFA, u otras que cumplan con el mismo objetivo. El Consejo, además, recomienda abordarlas de forma prioritaria.
En definitiva, a juicio del Consejo aún persisten riesgos fiscales relevantes asociados a la reforma previsional, los cuales podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Frente a estos riesgos, el CFA reiteró la necesidad de revisar las medidas de mitigación propuestas o, alternativamente, que se evalúen otras opciones con el mismo objetivo.
Por otro lado, la experiencia de este proceso legislativo evidencia la necesidad de mejorar los plazos y condiciones en que se realiza el análisis fiscal de reformas estructurales de gran magnitud. La premura con que el Consejo debió elaborar su evaluación de los riesgos fiscales limitó la posibilidad de realizar un análisis más amplio. Asimismo, no contar con todos los datos ni con la información técnica adecuada, impidió que el CFA pudiera llevar a cabo una evaluación cuantitativa de los riesgos fiscales involucrados. (El Líbero)
Hermann González
