Riesgos de una política exterior personalizada-Sebastián Sáez

Históricamente se ha defendido que la política exterior debe ser una política de Estado: basada en principios como el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias y los derechos humanos, y sostenida por un consenso nacional que trascienda los gobiernos de turno. Sin embargo, a través del tiempo, pero especialmente, en los últimos años hemos visto cómo la amplia facultad del presidente para dirigir la política exterior puede malinterpretarse o usarse de manera discrecional, afectando su coherencia y legitimidad. Ejemplos claros incluyen:

1. Designación de embajadores por afinidad política, sin méritos diplomáticos.
2. Ejemplos recientes de declaraciones extemporáneas sobre conflictos internacionales (como el israelí-palestino o Israel-Irán-Estados Unidos), que no reflejan el sentir mayoritario del país.
3. Incoherencias entre el discurso de apoyo irrestricto a los derechos humanos y acciones contradictorias.

La solución más eficaz —aunque algo radical— para este problema sería, sin duda, envolver el teléfono presidencial en cinta adhesiva, impidiendo así que mensajes improvisados e insufriblemente mal informados vuelvan a escapar. Lo sensato sería establecer mecanismos institucionales que garanticen una política exterior estable, profesional y, sobre todo, digna de un país serio.

En ese contexto existen algunas opciones no excluyentes.

Cuatro propuestas para fortalecer la política exterior de Estado: propuestas para el Ejecutivo y Congreso.

1. Designación transparente de embajadores

• Para mantener una política exterior más profesional y coherente, es necesario elevar los estándares de selección y operación de los embajadores no pertenecientes al servicio exterior. Los embajadores deben ser elegidos no solo por su conocimiento técnico, sino también por su habilidad para manejar situaciones complejas en el ámbito internacional. Esto garantizaría que cada designación sea un eslabón sólido en la cadena de representación diplomática, en lugar de un espacio para cumplir compromisos políticos.
• Asimismo, la transparencia en las decisiones relacionadas con la política exterior debe ser fundamental. Mediante consultas y la participación de expertos, se puede consolidar un sistema que priorice el interés del país y el respeto a sus principios fundacionales, estableciendo un equilibrio entre las decisiones del Ejecutivo y el respaldo legislativo mediante una entrevista pública de los embajadores “políticos” designados por el Presidente, para su posterior confirmación por una comisión mixta de diputados y senadores, en plazos claros y definidos. Ello exige, asimismo, una visión de Estado de parte de los miembros del Congreso que participarían de esta instancia.
• Evitar casos como el de la exembajadora en México, que abandonó el cargo un año antes de terminar su período para reintegrarse a la vida política partidista. Para desincentivar estas malas prácticas y mal uso de recursos fiscales, el Estado no debe cubrir gastos de traslado o repatriación en tales situaciones, por ejemplo.
• Los embajadores de carrera, en cambio, deben sujetarse a requisitos más exigentes de experiencia y desempeño para evitar una politización de su labor sin necesidad de pasar por el requisito de entrevista requerida por parte del Congreso en los otros casos excepcionales. Su trayectoria profesional sería un elemento de juicio suficiente en estos casos.

2. Participación en organismos internacionales con respaldo legislativo

• Si bien el Presidente participará como invitado en la próxima reunión de los BRICS que no involucra mayor compromiso internacional.  En el futuro, antes de  integrarse formalmente a grupos como los BRICS o firmar acuerdos internacionales, el Presidente debería solicitar una opinión vinculante del Congreso. Esto evitaría discusiones posteriores (como las recientes sobre los BRICS), sería una política consensuada, y aseguraría que las decisiones respondan al interés nacional, no a agendas coyunturales o preferencias ideológicas del momento como lo exige una política de Estado.

3. Incorporación de expertos en relaciones internacionales

• Fortalecer la PE de Estado con asesoría técnica externa, como hacen países con diplomacias sólidas.
• Promover años sabáticos para diplomáticos de carrera, permitiéndoles intercambiar conocimientos con instituciones públicas y privadas y adquirir conocimientos nuevos.

4. Límites post-cargo para autoridades

• Establecer una prohibición de 2-3 años para que ministros, subsecretarios o embajadores postulen a cargos directivos en organismos internacionales tras dejar sus funciones para evitar inadvertidos conflictos de interés. Todavía tenemos en la memoria el caso del exministro que renunció para asumir la Secretaría General Iberoamericana meses antes del fin del gobierno y más reciente el de nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos.

Hacia una diplomacia institucional y perdurable de Estado

Una política exterior de Estado no puede depender de voluntades personales. Requiere:

• Institucionalidad: Mecanismos claros para designaciones, nuestra inserción y adhesión a acuerdos internacionales.
• Profesionalismo: Expertise técnico y formación continua.
• Transparencia: Rendición de cuentas y límites post-cargo.

Países exitosos en diplomacia han logrado proyectar estabilidad porque sus políticas trascienden a los gobiernos. Chile debe avanzar en ese camino: no se trata de limitar al Ejecutivo, sino de blindar el interés nacional. La credibilidad internacional se construye con hechos, no con declaraciones. (Ex Ante)

Sebastián Sáez